Por Danilo Contreras

En la última columna que me publicó este portal, titulada con rigor “El Calvario de los peajes”, expresaba en inusual mezcla de amarga decepción e ingenua esperanza lo siguiente, para referirme al entuerto de los peajes internos de Cartagena: Ahora estamos en manos de un Tribunal de Arbitramento al que nos arrastró el contratista, en donde el Distrito no cuenta con una estrategia clara de defensa, a no ser por la experticia contratada últimamente con un experto en el tema, en la cual reposa la esperanza de tantos ciudadanos expoliados por los contratistas y sus cómplices camuflados en sucesivas administraciones”. https://www.esova.co/el-calvario-de-los-peajes-de-cartagena-y-turbaco/

Pues bien, curucuteando el SECOP II, me encontré con un documento que motivó el rótulo de esta columna. Se trata, en verdad, de un informe explosivo suscrito por el Ingeniero William Murra Babún, contratado por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital (DAVD) PARA LA ASESORIA, REVISION Y EMISION DE CONCEPTOS RESPECTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESION No VAL 0868804 DE 1998 DEL PROYECTO “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”, ESPECIFICAMENTE Y DE MANERA ESPECIAL A LA REVISION DE TODO EL ASPECTO FINANCIERO Y LEGAL DEL MISMO, EN RELACION CON LA TASA INTERNA DE RETORNO”.

El ingeniero Murra, fiel a su estilo, no se va por las ramas e inaugura su informe con esta sentencia lapidaria: DAVD, EDURBE y el Concesionario han hecho creer que el Modelo Financiero contractual es el Modelo Financiero modificado a conveniencia del concesionario”. Para formular este señalamiento, el perito expone, desde una perspectiva semántica, que se encontró que para los funcionarios y ex – funcionarios del Concedente y del Concesionario el significado de la palabra AJUSTE es sinónimo de la palabra MODIFICAR. Esa confusión es un error garrafal en materia financiera y económica”, aludiendo a los alcances que ciertos funcionarios y contratistas le han dado al controversial Otrosí No 9 de 2006, quienes no ajustaron, sino que modificaron la estructura financiera del contrato original, sin estar facultados para ello.

El perito agrega que es el mismo supervisor del contrato, EDURBE S.A., la entidad que deja al descubierto que los involucrados han trastocado la estructura del contrato y lo pactado entre las parte en lo relativo a la configuración de la TIR como fórmula de recuperación de las inversiones por parte de la Concesión Vial Corredor de Carga. En efecto, en informe de supervisión de 24 de febrero de 2021 elaborado por Edurbe se lee: “Dentro de los aspectos que inicialmente llamaron la atención de la revisión realizada sobre el modelo económico del contrato original se encuentra que el método para calcular el indicador de evaluación financiera de proyectos de inversión privada Tasa Interna de Retorno (TIR), no se había formulado desde el inicio del proyecto para el modelo financiero propuesto, con los métodos académicamente enseñados por los libros de Matemáticas Financieras o Ingeniería Económica de la gran mayoría de autores, en el mercado bibliográfico colombiano…”.

Pese al anterior reconocimiento, EDURBE persiste en interpretar el otrosí No 9 de 2006 con un carácter modificatorio del contrato original de concesión, cuando dicho otrosí solo autoriza “ajustes” para los fines del cálculo de la TIR.

El autor del informe es mucho más diáfano que yo al explicar este punto cuando escribe: “El Supervisor faltó con esa actitud de “sí pero no” porque de una debió notificar al DAVD que la TIR pactada si se había alcanzado haciendo el corrimiento del flujo real AJUSTADO con la misma estructura ofertada e incluida en el contrato de concesión y como supervisor estaba obligado a no seguir lo que arrojara el flujo MODIFICADO cumpliendo estrictamente con sus obligaciones estipuladas en la Ley 1474 de 2011”. Esto es, el supervisor (Edurbe) interpreta una mera autorización para ajustar las fórmulas para calcular la TIR, introduciendo una verdadera “modificación” al contrato primigenio que no existe, ni siquiera en alguno de los numerosos otrosíes pactados por el Distrito y el concesionario, y que lo hizo para favorecer al concesionario. Eso sostiene el experto contratado por el DAVD.

El ingeniero Murra expone como conclusión de su informe, que Se procedió a interpolar los saldos netos mensuales aportados por el DAVD encontrando que, en el año 18, mes ABRIL de 2016 la TIR real alcanzó 17.24%, es decir, se cumplió la condición del contrato y sus otrosíes, y agrega que:entramos a calcular la cantidad de recursos públicos que deberá recuperar el Distrito porque se siguió cobrando peajes en las 4 estaciones internas de la ciudad a pesar de que la TIR había llegado a lo dispuesto contractualmente en abril de 2016”, la cual asciende a una suma de $143.808.447.737 de hoy.

El ingeniero Murra, en cumplimiento de lo previsto en 53 de la ley 80 de 1.993, que habla de las responsabilidades de consultores y asesores, procedió a denunciar estos hechos ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, para lo de su competencia. Esa denuncia la cierra el perito con otra, no menos lapidaria opinión: Pobre ciudad, de verdad que aquí definitivamente las concesiones son peligrosas”.

Las y los cartageneros tienen el deber cívico de estar muy atentos a las decisiones del Tribunal de Arbitramento al que el Distrito fue arrastrado por No haber contratado desde el inicio del actual gobierno una experticia como esta, que de una u otra manera coincide con lo que ya dictaminaron las máximas autoridades de Control Fiscal en lo Distrital y lo nacional, en cuanto a la acomodada aplicación de fórmulas financieras para favorecer al concesionario.

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