- La remodelación del puesto de salud de Canapote está afectada por presunta actuaciones irregulares e ilegales del Secretario de Infraestuctura, Luis Villadiego Cárcamo.
Cuando todo hacía pensar que la pulcritud y las buenas prácticas legales serían las que marcarían el camino para sacar adelante el tan anhelado puesto de salud de Canapote, aparecieron como sacadas del sombrero de un mago, lo que serían dudosas y reprochables actuaciones por parte del Secretario de Infraestructura Luis Villadiego para favorecer a una firma barranquillera.
Precisamente ayer, 16 de junio de 2022, quedaron radicadas varias denuncias penales y disciplinarias en contra del funcionario por unas presuntas conductas que tienen implicaciones de tipo penal y disciplinario. Estas denuncias fueron presentadas por abogados y veedores. Entre estos se encuentran el jurista Emerson Jair Córdoba Elguedo y Erick Urueta Benavides.
EL LÍO
El consorcio Salud Caribe 2020 está soportado por las firmas Maticces P&b Ltda y la firma barranquillera Coinces. Esta última sería la que tiene contra las cuerdas al funcionario de la administración distrital. La primera de las dos firmas representa el 60 % del consorcio Salud Caribe 2020 dentro del contrato de obras públicas Dadis – 002 2014, mediante el cual se dio inicio a la remodelación del puesto de salud de Canapote; mientras que el 40 % restante le pertenece a la firma Coinces.
Todo parece indicar que Villadiego Cárcamo ha desconocido la decisión de remover a José Alberto Rivera Hernández como representante legal del consorcio Salud Caribe 2020 y no ha acatado la designación del nuevo representante legal Wilfran Díaz Lara.
Para abogados y veedores, el secretario de Infraestructura estaría presuntamente concertado con Rivera Hernández, al parecer, para sustraer dineros públicos de la administración que le corresponden ser cancelados al consorcio Salud Caribe 2020. Dado esto, el funcionario estaría autorizando pagos a un particular que ya no tiene nada que ver con esta firma.
PRESUNTOS DELITOS
Las presuntas conductas punibles de Villadiego arrastran a dos funcionarios más: la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba y el Tesorero Distrital, John Florez.
Los delitos en los que estarían presuntamente implicados serían: peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho impropio, tráfico de influencia de servidor público, prevaricato por acción, prevaricato por omisión.
Igualmente Rivera Hernández estaría inmerso en las siguientes conductas punibles presuntamente: concierto para delinquir y hurto.
Este es otro escándalo más que se suma a la administración de William Dau Chamat y en donde los afectados son los ciudadanos cartageneros toda vez que hay un puesto de salud inconcluso y ya la constructora Maticces, una de las que hace parte del consorcio manifestó que el distrito no podrá requerir, reclamar el cumplimiento de obligaciones propias del contrato ya que está desconociendo las decisiones del consorcio como la remoción del representante legal Rivera.
A lo anterior se suma que los usuarios y empleados del puesto de salud de Canapote, donde actualmente funciona por la remodelación de la sede principal, están a punto de ser lanzados a la calle por orden de un juez, toda vez que Coinces se negó a pagar el canon de arrendamiento que suma más de 200 millones de peso. Así las cosas, ni el propio puesto de salud se adelanta y el alquilado está embolatado.
Consultado con el veedor Erick Urueta Benavides, manifestó que en sesión del Concejo Distrital de Cartagena, este puso en conocimiento de los cabildantes y la delegada de la Personería, Rita López, la situación que hoy se ratifica con las denuncias presentadas ante las autoridades.
LA CONTRALORÍA GENERAL LES PUSO LA LUPA
Es de recordar que estas obras fueron incluidas dentro del Plan Compromiso Colombia, en el marco de la Ley 2020, con el apoyo de la Contraloría General de la República que tiene los ojos puestos en estas obras que se han convertido en verdaderos ‘elefantes blancos’ para la ciudad desde la administración de Dionisio Vélez.
En torno a dicho plan, el ente de control y el Distrito aúnan esfuerzos para solucionar los problemas jurídicos y que esto permita terminar las obras. Mientras tanto, las comunidades de Canapote, El Pozón, Barú y Bayunca, donde están los otros cuatro centros de salud priorizados, tendrán que seguir esperando.
En su momento el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, a Cartagena, se concretó que se surtirían los trámites para reactivar las obras en cinco de los 19 centros de salud inconclusos desde 2017 en la ciudad.
«Se busca lograr la reactivación de esos centros de atención prioritaria, que estaban hace más de 57 meses paralizados, y es que no hay nada que duela más en el país que los elefantes blancos. Hoy hemos venido a decirles a los cartageneros que se reactivan los centros de atención prioritaria, a partir de la otra semana, me refiero a los de Daniel Lemaitre, Barú, Bayunca, Canapote y Pozón», manifestó el contralor Córdoba.
Explicó que en el caso de Canapote, la obra podría entregarse en cinco meses; Barú, en cuatro meses; Bayunca, en dos meses y el de Daniel Lemaitre en tres meses.
Y que pasará con el pago a los contratistas, y trabajadores que hicieron parte del proceso de reactivación de esos puestos de salud? Personas que confiaron y sintieron que todo cambiaría después de la pandemia Y este consorcio les roba y estafa durante meses de trabajo.