En los últimos días se ha creado una fuerte polémica en Cartagena por el contrato que la alcaldía le entregó a la denominada Gestora Social Cyntia Pérez Amador, quien al parecer, no cumple con los requisitos para desarrollar su actividad. Ella, además de supuesta gestora, hace las veces de primera dama de la ciudad amurallada.
La Contraloría Distrital tomó cartas en el asunto e investiga el contrato. Se trata de pagos mensuales cercanos a los 7.5 millones de pesos. Por el otro lado, la Procuraduría Provincial abrió indagación preliminar y, ESOVA Noticias, conoció que en los próximos días habrá noticias concluyentes respecto de esa investigación.
Personas cercanas a la administración, que se caracterizan por desoír las decisiones de los entes de control, han llegado al punto de insinuar que la Procuraduría no tiene dientes disciplinarios para conocer de ese proceso.
LA PROCURADURÍA SI TIENE INJERENCIA
ESOVA Noticias habló con fuentes cercanas a la entidad quienes advierten que, por el contrario, la Procuraduría puede revisar todo lo que se derive de actuaciones de servidores públicos. En este caso, la fuente aseguró que el Ministerio Público puede investigar y, si es del caso, sancionar a quien o quienes hayan entregado el señalado contrato por el presunto quebrantamiento de la norma. Así se desprende de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único.
Pero además, como se ha advertido, la Procuraduría evalúa la solicitud de suspensión de ese contrato, actuación contenida también en el Código Disciplinario como medida cautelar cuando se sospecha que se está cometiendo una irregularidad con dineros públicos