Un fuerte pronunciamiento fue el que tuvieron los representantes del transporte de carga en la ciudad en torno al Tribunal de Arbitramento que enfrenta la concesión vial con la administración distrital y precisaron que aguardan que el laudo o fallo sea justo y consecuente con la realidad que vive en este momento la ciudad de Cartagena.

Damaris Díaz, representante de la Asociación de Transportadores en el departamento de Bolívar, destacó que aguardan que el fallo sea imparcial y en derecho; señaló además que tienen plena confianza en las instancias judiciales y en las instituciones. “Confiamos que el laudo será el fiel reflejo de la realidad de un contrato que ha estado en ejecución por más de 23 años sin que tenga fijada la fecha de terminación pues esta dependerá de su Tasa Interna de Retorno la cual a través del tiempo ha sido modificada muchas veces y es la TIR más alta fijada en toda la historia de concesiones a nivel nacional con un 17,22%”, sostuvo Díaz.

Han sido enfáticos los transportadores en señalar que en un tramo de tan solo 27 kilómetros se han ubicado cuatro peajes; es decir, en promedio cada 6,7 kilómetros existe una caseta y es esto a lo que, según ellos, se enfrentan día a día todos los cartageneros. “Nos enfrentamos en la ciudad de Cartagena con un contrato único con condiciones únicas y es indiscutible que el sector de carga sea el más afectado con toda esta situación. Dos de los cuatro peajes se encuentran ubicados al ingreso de los dos puertos de la ciudad como son la Sociedad Portuaria y Contecar y dos a la periferia. Le hemos apostado al desmonte de estas cuatro estaciones”, precisó.

La representante del gremio transportador destacó que los altos costos de operación los llevan a trabajar a costo y en muchas veces a perdida con el fin de cumplir al cliente. Añadió que las concesiones que instalan peajes para recuperar lo invertido inicialmente y los costos de operación deben ser diferenciado el uno del otro. “Lo anterior quiere decir que la inversión inicial tiene un costo superior y tiene un costo alto y crece día por día. Esto indica que lo cobrado en las casetas deberían disminuir en el tiempo y no subir pues el costo de carga se encarece y se vuelve imposible de pagar”, resaltó.

Finalmente, los transportadores se refirieron a la imputación por responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República por 22 mil 354 millones de pesos debido a irregularidades en el contrato de concesión en el que deberán responder varios funcionarios y es por esto que aguardan que el laudo arbitral sea consecuente con la situación actual de la ciudad y de todos los abusos a los que, según ellos, se han visto sometidos a través del tiempo.

“Es claro que la mala imagen de la concesión ha crecido sustancialmente y se tendrá que buscar una nueva fórmula para el mantenimiento y ampliación de la vía. Los recursos del mantenimiento no debe salir del ya castigado bolsillo de los transportadores. Las fuentes de recursos para el mantenimiento y la ampliación los hay y se debe estudiar y analizar bien esta situación para que los cartageneros no nos veamos afectados”, concluyó Díaz.

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