Por Danilo Contreras

Me causa sorpresa y curiosidad que un personaje que predicó en campaña que abandonaba los privilegios y la vida holgada que le otorgaba su actividad profesional en Nueva York, la meca del mundo financiero “mundial”, en donde se desempeñaba, según nos ha contado, en una prestigiosa firma multinacional de inversiones, se haya enredado tanto con las soluciones que reclama el “affaire” de los peajes en Cartagena. Es más extraño si se considera que el Alcalde prometió que acabaría con los peajes, pues uno supone que por su experticia, ha debido tener diseccionado el problema y proyectada la solución, desde el momento en que se comprometió.

Contrario a lo que era de esperarse de un “Businessman” de Nueva York, nos hemos encontrado con un alcalde sumido en un certamen de percances que él mismo ha ayudado a agravar, al punto de la alteración del orden público.

Nada hizo Dau, una vez recibió el empalme de la administración, para poner en cintura a los autores de la expoliación que ha dejado al desnudo tanto por el informe de Auditoria Especial de la Contraloría Distrital de Cartagena de diciembre de 2016 que dijo que el contrato de concesión quedaba pago en enero de 2017, como por el auto No 020 de enero de este año de la Contraloría General de la República, que determinó la existencia objetiva de un daño patrimonial equivalente a $300 mil millones, considerando que la TIR pactada se había alcanzado en 2015.

He dicho que la CGR erró al no convocar a todos los alcaldes que han fungido como tales desde 2015, incluido el actual burgomaestre, pues no se entiende que las máximas entidades en el orden distrital y nacional afirmen que ya se había pagado el precio del contrato, mientras que los supervisores del Distrito, Edurbe en especial, y Valorización, no se hayan percatado de lo que comprobaron los auditores competentes de las Contralorías. Por el contrario, sospechosamente, con sus conceptos y autorizaciones, ayudaron a concretar ese presunto y monumental “tumbe” a la economía familiar de los cartageneros.

Es absolutamente impensable en un “Businessman” internacional observar salidas como las realizadas por el doctor Dau, quien a cambio de encerrarse de una vez por todas con sus funcionarios de Edurbe, Valorización y Hacienda para arreglar el entuerto, sale al peaje de Manga a cobrar una victoria que no es suya sino de la ciudadanía organizada que tuvo a bien elevar una solicitud de control excepcional ante la CGR ante la estrategia de desprestigio que desplegó la Concesión Vial al verse descubierta por el informe de auditoría fiscal elaborado por la Contraloría Distrital de 2016, señalando una de las pocas cosas buenas que ha realizado esa vilipendiada entidad, como el producto de una extorsión. La gente se enredó en eso, a excepción de los ciudadanos que presentaron el control excepcional.

Como entender que ante su promesa de campaña el alcalde Dau no le hubiese metido todas sus energías a constatar esa expoliación?

Días después, más sorprendidos nos declaramos al encontrar en redes una de las acostumbradas apariciones del mandatario, esta vez con un sonriente abogado de la concesión y una joven que le indicaba que decir, anunciando una espuria exoneración a vehículos de categorías 1 y 2, en un supuesto acuerdo triunfal con la concesión, que lo que hizo fue dar patente de corso a los nefastos concesionarios para seguir cobrando y provocar la ira de los “camioneros” en la ciudad.

Ahora el abogado de la concesión, con el acento “efectista” y afectado del jurista en trance de hacer pasar a su cliente como víctima, como suelen hacer los jurista de ahora con pobre argumentación jurídica, intenta restar importancia y valor a lo dictaminado por la CGR, como antaño lo hicieron con el dictamen de la Distrital, afirmando que el auto que determinó objetivamente el daño patrimonial que supera los $300 mil millones es un simple pronunciamiento de trámite, contraviniendo mínimos conocimientos que un estudiante de derecho aprende en el curso de procesal general. 

El artículo 40 de la ley 610 de 2000 es del siguiente tenor: “APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal”. Destacó el aparte que indica que “se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado” para decir que eso quedó acreditado con veras, de manera objetiva. El proceso sigue para determinar quiénes son los responsables de causar ese detrimento.

Hago la cita porque escuche unos apartes de la intervención del abogado de la concesión en el programa La Ruta de nuestro amigo Rafael Puello Montero en la que, se repite, se trata de demeritar los graves alcances del pronunciamiento de la Contraloría General, con una argumentación que fácilmente puede calar en segmentos ciudadanos proclives a la confusión.

No se trata en el caso del pronunciamiento de la CGR de un mero auto de trámite como lo sostiene el jurista contratado por el nefasto contratista. NO. Se trata de una decisión que establece, objetivamente y como producto de la puesta en movimiento de todo el aparato de control fiscal de la máxima autoridad en esa materia en Colombia, un DAÑO PATRIMONIAL gigantesco. Cosa distinta es que deba establecerse luego si esos 39 funcionarios citados fueron culpables por dolo o culpa de ese detrimento. Es absurdo que una exacción de esa magnitud la vengan a esconder con leguleyadas y las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía en su patrimonio, honra y bienes, anden por ahí intentando sacar réditos populistas al asunto.

No cabe duda de que tanto el Distrito, como el concesionario, han convertido, por diversos causes, en “Rey de Burlas” a la CGR y a su grave pronunciamiento.  

Ahora bien, NO es presupuesto para la liquidación de un contrato, el concepto de una Contraloría y menos de la CGR que actuó mediante Control Excepcional. Es responsabilidad del contratante, esto es, el Distrito, determinar si ya se pagó o NO el contrato. Entre tanto, la entidad técnica encargada de la Supervisión del contrato (Edurbe), sale a decir que no toma ningún partido. Ahí vale decir como en la popular comedia: ¿Y ahora quien podrá defendernos?. Bajo el riesgo de que efectivamente, de nuevo, salga el Chapulín.

Y a todas estas el concejo guarda hermético silencio. ¿Por qué será?.

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