Está claro que si la administración no lo hace está siendo cómplice de un delito que ha sido perseguido por las autoridades en esta capital. El alcalde, la secretaria del Interior y la senadora están en el deber moral con la ciudad de revelar las identidades de los presuntos concejales implicados en estos hechos.
La política anticorrupción del alcalde William Dau quedó nuevamente en entredicho. Todo parece indicar que, como dice el adagio popular el alcalde mató el tigre y le huyó al cuero y se aculilló junto con su Secretaria del Interior, Ana María González al no revelar los nombres de los concejales que, presuntamente estarían implicados en redes de trata de personas en Cartagena. La denuncia, recordemos, fue corroborada y apoyada, a nivel nacional, por la Senadora Angélica Lozano del partido Verde.
Cabe recordar que el ambiente de denuncia de cabildantes implicados en trata de personas y redes de prostitución se dio en medio de un trámite de moción de censura en contra de Ana María González debido a su ineptitud en el cargo. Para el veedor y sindicalista Erick Urueta Benavides está claro que se dijo, en su momento, que habían concejales que estaban siendo investigados por estos delitos y se repetía constantemente en el recinto. Los resultados pretendían presionar a los concejales para que no se aplicara la moción y había un grupo de ocho concejales que manifestaron su negativa a que este procedimiento prosperara.
Los ocho cabildantes fueron: David Caballero; Óscar Marín; Hernando Piña; Katia Mendoza; Lewis Montero; Luis Cassiani; Wilson Toncel y Rafael Meza. «Nunca se dio el nombre por parte de la administración de los concejales investigados, ni siquiera se dieron identidades a título de presunción y esto es supremamente grave para la ciudad que se apresta a elegir a los representantes del Concejo Distrital», precisó Urueta Benavides.
El veedor asegura que esta situación genera dos vías: una que sea falsa y la senadora, la secretaria y el alcalde mientan en torno a esta noticia y se vean involucrados en una investigación penal y disciplinaria; y lo otro que la información sea veraz y que la administración tenga miedo de develar el nombre de los presuntamente implicados porque con esto los presionaron y al decir la identidad no valdría la presunta presión que se dio en su momento.
Asegura Urueta que la Fiscalía deberá aclarar entonces si se vienen adelantando las respectivas investigaciones en torno a este tema. «Como sindicatos le exigimos a la administración distrital que diga quiénes son los concejales que están presuntamente involucrados en este hecho. Uno presume que están dentro de los ocho y debe ser el alcalde, la secretaria y la senadora quienes le den la información a la ciudad por el bien de Cartagena», precisó el líder.
