Sin claridad y en un limbo jurídico se encuentra el colegio de la cantante Shakira y el proyecto de Ciudadela Bicentenario. Lo que quedó claro luego de las diligencias el pasado 15 y 18 de febrero es que los abogados de la familia Hernández pudieron demostrar que la Fundación Santo Domingo, al parecer, tramitó de forma ilegal los permisos para dichos proyectos, engañando así al Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Cartagena.
Y ante un panorama en el que, según los abogados de la familia Hernández, ha reinado la falsedad y los actos espurios, se ha solicitado mediante la Revocatoria Directa echar para atrás los actos administrativos por medio de los cuales, se dio origen al Megaproyecto Ciudadela Bicentenario y el colegio de la artista. Las dos diligencias permitieron demostrar que se violaron de manera flagrante el debido proceso y se expropió de los terrenos a la familia.
Y si los predios del proyecto urbanístico están en un limbo jurídico peor está el lote donde se pretende construir la institución educativa de la Fundación Pies Descalzos de la cantante barranquillera. En relación a este predio, aseguran los abogados, los títulos donde dice el Inspector que el predio es del distrito, es una escritura pública que fue firmada por personas inexistentes y que los tenientes de la tierra y los adquirientes, en ninguna parte firman.
Así las cosas, aseguran los abogados de la familia Hernández, esto permite concluir e inferir que es una sumatoria de errores legales. Por ejemplo, el no registro en Instrumentos Públicos, le quitó el derecho para todas aquellas personas que tienen propiedad e interés sobre esas tierras para hacer sus reclamos.
Una de las graves denuncias que se ha adelantado es que el Inspector de Policía de Arrollo Grande, José Miguel Arrieta Ávila, no tuvo en cuenta los pasos procesales que debía cumplir y le dio el carácter de poseedor y propietario a la Fundación Julio Mario Santodomingo, supuestamente porque el Secretario de Educación de la época, presentó unos títulos que en su Resolución no dice cuales son.
Pero que haciendo la diligencia de identificarlos, se encontró que el funcionario le pide al inspector desarrollar el desalojo, por ser el lote de utilidad pública, violando el debido proceso. Con esto prevarica el inspector y por ello, la Fundación Julio Mario Santodomingo procedió a sacar a punta de plomo a la familia Hernández del lote que venía poseyendo con el ánimo de señor y dueño; porque ellos pensaban que el lote había sido declarado de utilidad pública.
INSISTEN EN LA REVOCATORIA
Ante tantas inconsistencias la familia Hernández, a través de sus apoderados están solicitando la revocatoria directa de la resolución por medio del cual se acogió el Megaproyecto Ciudadela del Bicentenario porque fue expedida a través de maniobras engañosas y un fraude procesal de grandes magnitudes.
Al acoger la tesis de revocatoria directa, el proyecto Ciudad del Bicentenario quedaría en el Limbo Jurídico, porque el soporte que son las Resoluciones por medio del cual se creó, necesariamente tienen que ser revocadas por el Ministerio de Vivienda y de allí, se desprenden una serie de implicaciones sociales en donde las familias que hoy ocupan las viviendas construidas en esos predios quedan con falsa tradición; lo que quiere decir, que no pueden vender, no hipotecar y quedarán bloqueadas las nuevas construcciones en esa zona hasta que se resuelva este conflicto de tierra.