La Procuraduría general de la Nación pide a Gobierno nacional actuar ante el anuncio del ELN con paro armado. Margarita Cabello rechazó un posible paro armado en la región del Medio San Juan en el departamento de Chocó
El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, ha lanzado un llamado a las autoridades nacionales para que cumplan con su responsabilidad constitucional de proteger la vida y los derechos de los ciudadanos en medio de esta situación. Asimismo, ha instado a que se analicen las implicaciones de estos paros y acciones armadas en el contexto de las negociaciones que se llevan a cabo con grupos al margen de la ley.
La gravedad de esta coyuntura es alarmante, ya que más de 25.000 familias se encuentran confinadas, sin acceso a elementos esenciales como alimentación, salud y educación. Ante esta crítica situación, la Procuraduría hace un enérgico llamado a que la población civil no continúe siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluso si estos han expresado supuestas intenciones de buscar la paz.
El delegado Sarmiento Olarte enfatizó que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto no pueden permitir ni tolerar la perpetuación de estos acontecimientos. El hecho de que grupos armados ilegales anuncien paros armados plantea un dilema serio, ya que estas acciones afectan directamente a la población civil, que queda atrapada en el fuego cruzado y la incertidumbre generada por estos actos violentos.
