Un strike cantado, tal cual como se relata en el argot del béisbol, era la investigación disciplinaria que anunció la Procuraduría General de la Nación contra el mandatario distrital William Dau Chamat, luego de que no acatara las disposiciones para demoler el polémico edificio Aquarela y atendiera debidamente los requerimientos que ordenaba un juez de control de garantías para las víctimas de las construcciones ilegales en la ciudad.
Un acervo probatorio, fundamentado en 42 piezas, es lo que ha permitido al Ministerio Público comenzar esta investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades tras el incumplimiento por parte de las autoridades administrativas y judiciales y omisión de funciones en relación con el proyecto multifamiliar Aquarela VIS del Distrito especial turístico y cultural de Cartagena de Indias, en detrimento de los derechos de la humanidad, afectando y amenazando además el espacio público, la convivencia, salud, seguridad y salubridad ciudadanas.
Es de recordar que, en su momento, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Gómez Lee, suministró un informe pormenorizado de los detalles que se han tenido en cuenta por parte de la administración distrital para atender los requerimientos del edificio Aquarela y las construcciones ilegales en esta capital.
Señala el requerimiento del Ministerio Público que el informe del Procurador delegado para la conciliación administrativa que dio origen a la presente actuación, refiere que con base en las actuaciones que bajo los tres ejes misionales de la Procuraduría general de la Nación se han adelantado a la fecha, como consecuencia del colapso el 27 de abril de 2017 del edificio Blas de Lezo II en el barrio del mismo nombre, sector Plan 400 que ocasionara la muerte de 21 personas y heridas a otras 23, se había logrado evidenciar: «(…) un desorden generalizado en temas urbanísticos que se reflejaba en construcciones sin el cumplimiento de requisitos legales, invasión de áreas de baja mar, violaciones a las normas de protección de bienes de interés cultural, falta de presencia institucional en zonas insulares, deficiente dotación y escaso personal en las Inspecciones de Policía, etc. (…)»
Por otro lado, advierte el informe que da origen a la presente causa disciplinaria, que en el 2018 se había iniciado una acción policiva oficiosa por invasión al espacio público por parte de la Inspección de policía N° 2 de Cartagena de indias, la cual mediante Resolución N° 001 del 9 de octubre de 2018,1 actualmente en firme y debidamente ejecutoriad desde el 26 de octubre de 2018, fecha en la cual el Secretario del interior distrital mediante Resolución 7589 la confirmara; en la cual se ordenó a la constructora Promotora calle 47 SAS el pago de una multa de $157’248.400 y la restitución dentro de los dos meses siguientes de 619,59 m2, sin que a la fecha se haya cumplido con la orden policiva y la administración distrital haya cumplido con su deber de, ante la no restitución, de aplicar la medida correctiva de demolición establecida en el artículo 94 del Código nacional de policía con costos a cargo del constructor renuente.
LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES
Con relación al tema que se refiere a las construcciones ilegales el Procurador delegado para la conciliación administrativa, señala que tanto durante la administración a cargo de un exalcalde como en la del Alcalde Dau Chamat, se han presentado acciones dilatorias para omitir el cumplimiento de las ordenes constitucionales y policivas, no obstante, la obligatoriedad de la acción policiva y su independencia de las acciones populares, más teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales:
- La Universidad nacional de Colombia había presentado estudio, que da cuenta que 7 de los 16 edificios construidos por la familia Quiroz debían ser demolidos por su deterioro e incumplimiento de normas de sismo resistencia, especialmente 3 de ellos que amenazan ruina por deterioro estructural, a saber: Alpes 31, Portal de los Alpes y Portal de Blas de Lezo I.
- Igualmente, los propietarios estaban ocupando nuevamente los inmuebles desalojados. Con amenaza a su propia integridad, ante el incumplimiento de la administración con el pago de los subsidios de arrendamiento a su cargo.
LOS INVESTIGADOS
Tal cual como lo había advertido en su momento, la Procuraduría abrió investigación a William Dau Chamat; a Gonzalo Jacome Peñaranda, Guillermo Ávila Barragán, Fernado Abello Rubiano, Clara Calderón, Iván Darío Castro Romero, Édgar Marín Támara, Laura Mendoza Bernett y Jorge Carrillo.
En su orden los cargos son los siguientes: Alcalde, ex Alcalde encargado, Secretario de infraestructura, Secretario de planeación, Jefe de la oficina asesora para la gestión del riesgo, ex Secretaria de infraestructura, exSecretario de planeación, ex Secretario de infraestructura y Director de control urbano, ex Jefe de la oficina asesora para la gestión del riesgo y ex Jefe de la oficina jurídica, todos del distrito especial turístico y cultural de Cartagena de indias.
Aquí puede ver el archivo de la investigación: