Por: Danilo Contreras

La sociedad colombiana guarda una profunda tradición conservadora, poco proclive a los cambios, que se ha fermentado en expresiones violentas impuestas por quienes pretenden preservar privilegios y, en el extremo contrario, por aquellos que tratan de desmontarlos bajo la misma formula de la fuerza. Un circulo vicioso que ha desangrado la nación y que no nos deja alcanzar nuestro potencial como pueblo.

En la primera mitad del siglo XX, Alfonso López Pumarejo, representante de la gran burguesía nacional, asumió la tarea de introducir a la vieja constitución conservadora de Nuñez y Caro, trascendentales reformas que acompasaran su aplicación legalista con instituciones que atendieran efectivamente las necesidades del pueblo raso. Bajo el lema de la “Revolución en marcha”, López Pumarejo introdujo al país las concepciones que daban a la propiedad un papel que trascendía el mero enriquecimiento personal, para darle una función social. Un criterio de justicia que pocos podrían objetar si se considera en algo la democracia. Su guía: las concepciones de intervencionismo de Estado de John Maynard Keynes y su aplicación practica por parte de Franklin Delano Rooosevelt en Estados Unidos.

Su reforma agraria que ofrecía tierra al campesino, las reformas laborales que consignaban prerrogativas en favor de los trabajadores como el derecho a la huelga y a la conformación de sindicatos, su reforma educativa que abrió paso a la Universidad Nacional, y el establecimiento de la libertad de cultos precursora del moderno pluralismo, son parte de su legado.

No faltaron en aquella época, como ahora, quienes calificarán al oligarca influido por las ideas sociales del momento, como “comunista y ateo”, incluidos aquellos segmentos de la población rural y obrera que eran los principales beneficiarios de sus políticas. La superstición cubría las mentes de nuestros conciudadanos en la Colombia del siglo XX.

Esos prejuicios se impusieron y las reformas no se consolidaron pues las élites impulsaron entonces a Eduardo Santos, cuyo gobierno es conocido en la historia como “La Pausa”.

Luego, tras la muerte de Gaitán que prometía volver a los ideales de justicia social, vino “La Violencia” que apenas fue mitigada temporalmente por un nuevo acuerdo de la oligarquía nacional que se materializa en el Frente Nacional, una manera de alternarse en el poder conservadores y liberales, proscribiendo toda idea de pluralismo y en consecuencia, castrando la democracia.

A pesar de ello, Alberto Lleras Camargo y luego, con mayor ahínco, Carlos Lleras Restrepo se propusieron sacar adelante una nueva reforma agraria que permitiera al campesino el acceso a la tierra y su cultivo en condiciones de modernidad, en contraposición al régimen feudal que vivía, y aún vive, el mundo rural colombiano.

Se dice que una de las grandes frustraciones de Carlos Lleras Restrepo fue NO haber podido culminar el proceso de reforma agraria, cuya implementación fracasó en 1972 a manos del gobierno de Misael Pastrana, (padre del fútil expresidente Andrés Pastrana) autor del Pacto de Chicoral, un acuerdo entre el gobierno y los grandes terratenientes rurales que reprimió el avance de las organizaciones campesinas, frenó la expropiación de grandes latifundios improductivos y debilitó entidades como el Incora restándole presupuestos.

La historia nacional demuestra entonces que el establecimiento económico y social, siempre se las ha arreglado para frenar los cambios y mantener así los privilegios de unos pocos mientras las grandes mayorías les sostienen sobre sus espaldas y esfuerzos. No ha sido posible un gobierno que atienda a profundidad las necesidades de justica y dignidad de los colombianos, que, es decir, la necesidad de autonomía para decidir sobre sus propias vidas en condiciones de igualdad.

Ese régimen retardatario se ha vuelto cada vez más torpe, violento y corrupto. Ya le es imposible mantener la mascara con la que han engañado al pueblo incauto y prejuicioso que vota animoso a quienes les esclavizan.

Hemos visto la peor cara del régimen en las últimas dos décadas bajo el influjo de un cuerpo de ideas que ya se conocen en la historia como “uribismo”, agravadas por un gobierno rehén de tales concepciones encarnado en el presidente Iván Duque. La represión de las protestas juveniles y de trabajadores del año anterior, los casos de perversa y abierta corrupción que se materializa con el robo de recursos de ciencia e innovación que en vez de servir para llevar conocimiento a la niñez desprotegida de Colombia, se “abudinearon” y terminaron en los bolsillos de un clan político del Caribe, así como la modificación a la ley de garantía que ha sido causa de uno de los episodios de latrocinio más graves que haya tenido lugar en la lacerada historia nacional, por la entrega a los amigos políticos del gobierno de alrededor de 5 billones de pesos para comprar la elección de congresistas afectos.

En esta coyuntura inédita que nos toca vivir a quienes aún caminamos sobre la faz de la tierra, una generación que le ha tocado padecer la desoladora pandemia del Covid y ahora sus consecuencias de hambre y pobreza, surge la responsabilidad de romper ese ciclo de parálisis y permanencia de un sistema injusto y violento.

No tengo dudas que el candidato que mejor encarna la posibilidad de que la sociedad transite a escenarios de modernización y justicia, de responsabilidad climática y garantía de pluralismo, es Gustavo Petro, sobre quien las élites han hecho pesar el fardo de los prejuicios y supersticiones nacionales que les han permitido gobernar a fuerza de mentira y represión. Los debates dejaron al desnudo su solvencia y conocimiento profundo de los problemas sociales, económicos y políticos del país, frente a la tímida exposición de los restantes candidatos atados a las instrucciones de asesores y tecnócratas que les dictan respuestas en papelitos y whatsapps, pero que NO logran entender a cabalidad.

Contra Petro se utiliza la falacia de endilgarle los vicios respecto de los cuales, precisamente, se ha destacado en combatir, a riesgo de su propia vida. La parapolítica, que tocó los entresijos del poder, el carrusel de la contratación en Bogotá, Odebrecht, entre otros, son la prueba de mi aserto. Ninguno de los restantes candidatos puede mostrar tantas medallas y tantas heridas en el combate contra la corrupción y la violencia como el candidato Petro. Se han ido más bien por las orillas sus contradictores, con un discurso y accionar pandito que se revela en sus intervenciones públicas, a excepción del candidato Rodolfo Hernández cuya lucha contra los corruptos se restringe a emplear una amplia enciclopedia de vulgaridades y malos modales, cuando las autoridades están a punto de condenarlo por pedir coimas en grandes contratos durante su paso por la alcaldía de Bucaramanga.

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