Por: Danilo Contreras
Hace un par de días me dedique a seguir el “Facebook live” del alcalde Dau y su Secretario de Hacienda sobre el “Plan de Reactivación y adaptación económica y social”. Lo hice preocupado por las consecuencias de una pandemia que no termina, pese a las cifras de disminución de contagios de las últimas semanas que, según denuncias que ya han trascendido al Congreso de la República, podría deberse a la disminución del número de pruebas aplicadas entre la ciudadanía. Pero ese es otro tema.
Ensayo un resumen del Plan. Dos objetivos que rezan: 1. “Proponer estrategias para estimular la reactivación” de empresas y de la demanda con “corresponsabilidad de la Administración Distrital”. 2. “Propiciar oportunidades laborales que permitan acceder a empleos y generación de ingresos”.
5 pilares, así: 1. Fortalecimiento institucional que propone un fondo para la reactivación económica y la protección social. 2. Macroeconómico y fiscal. 3. Reactivación económica (competitividad empresarial y territorial). 4. Reactivación económica (Transformación productiva y promoción de Cartagena como destino turístico). 5. Recuperación del Tejido Social.
La “carne” del asunto parece estar en programas de construcción de vivienda, redes de mercadeo a emprendimientos familiares y vecinales, financiamiento a sectores productivos, salvamento de empresas, programas de bioseguridad articulados a cluster existentes, constitución del cluster para la producción y distribución de bienes para la seguridad alimentaria y bio protección, innovación productiva y social en mipymes, emprendimientos culturales, innovación en turismo, nuevos negocios, conexión con el mundo en turismo, intervención a familias pobres, formalización de la economía informal y financiamiento a trabajadores independientes.
Lo anterior en un contexto que muestra un precario desempeño en la inversión hecha por la administración en medio de la pandemia, cuando contaba con facultades de emergencia por cuenta de la situación calamitosa ocasionada por el virus, que Funcicar ha resumido así: Se planeó invertir $56.753 millones entre los meses de marzo y septiembre, de los cuales se han ejecutado $33.425 en 75 contratos, esto es, una ejecución del 59% de lo planeado. En 8 de 20 líneas de acción no hubo contratación. La mayor parte de la inversión se fue en ayudas alimentarias y la inversión ha sido decreciente alcanzando el pico de ejecución en mayo con $13.160 millones contratados, hasta llegar a solo $120 millones ejecutados en agosto.
Estos datos valiosos aportados por Funcicar, son importantes pues acreditan un mal endémico de la administración consistente en su escasa capacidad de ejecución. Pero además Funcicar llama la atención del Distrito señalando que es preciso que mejoren en transparencia para acceder a la información y visibilizar los recursos provenientes de donaciones.
Debo confesar no me dejan tranquilo los datos por varias razones. La primera es que la presentación no le pone números a la cosa. En Bogotá, como lo mencioné en otra nota, la alcaldesa Claudia López habla de una inversión superior a $10 billones en la reactivación. En Cartagena hoy en día tenemos problemas para incorporar recursos que han debido integrarse al presupuesto del presente año desde los primeros meses de pandemia, a fin de que hubiesen surtido un mejor impacto sobre las secuelas del virus. Nada se dice tampoco sobre medidas tendientes a una política de progresividad fiscal por virtud de la cual los que más tienen sean solidarios con los más vulnerables, pagando más impuestos.
La segunda preocupación corre por cuenta de la debilidad institucional que acusa el distrito, que ha sido denunciada por varios expertos y que tiene que ver con la incapacidad en la ejecución de los recursos presupuestales que NO han sido pocos en la última década. Por esa ineficiencia han fracasado los empréstitos millonarios que administración tras administración se asumen con una idea de “desarrollo al debe”, con nulo esfuerzo fiscal de quienes concentran la renta y la tierra en Cartagena.
A lo anterior se suma que aparecen en el panorama ideas sueltas de instituciones, aparentemente desarticuladas, que llegan a salvar la situación. Hablo del “Fondo para la reactivación económica” propuesto en el plan y que suponemos ayudará a mejorar la situación económica de los cartageneros afectados por la pandemia, en tanto que por otro lado el distrito avala el “Fondo para la erradicación de la pobreza” instituido por la ley 2038 de 2020. A contrapelo de esto, poco o nada se sabe de una re – estructuración a profundidad de la administración que permita un enfoque integral a la solución de los problemas.
Para cerrar (y no por que se agoten las inquietudes), no se ven en la propuesta las grandes obras que impulsarán la economía local y su fuente de financiamiento. Con re parcheos de calles no se logrará ese impulso.
Pese a que uno de los programas de reactivación alude a la “constitución del cluster para la producción y distribución de bienes para la seguridad alimentaria”, que podríamos colegir que se refiere al traslado del mercado de Bazurto, la realidad es que esto es un misterio pues no se sabe si la alcaldía insistirá en el error de construir un mercado único a la entrada del barrio El Pozón y a orillas de la Cordialidad en donde se aglomerarán, como en Bazurto, a comerciantes mayoristas y minoristas en desigual e injusta competencia, o si optará por dar aplicación al POT, construyendo mercados minoristas que acerquen la oferta de alimentos a los Barrios, como viene sucediendo con relativo éxito con el mercado Santa Rita, con una central mayorista especializada en las afueras de la ciudad, donde no genere trancones.
La incertidumbre sobre una innovación en ese proyecto que es una obligación judicial, resulta de las escasas relaciones entre el gobierno Departamental y Distrital, pues lo que debe perseguirse es integrar la producción agropecuaria de las zonas rurales adyacentes a la metrópoli, con las posibilidades logísticas, de comercialización y portuarias de la ciudad de Cartagena.