Un día de arresto y una multa de un salario mínimo legal vigente fueron las sanciones impuestas al alcalde mayor de Cartagena, William Dau Chamat, tras un incidente de desacato que le fue interpuesto por una veeduría en la ciudad a fin de que se diera respuesta a un derecho de petición referente al contrato de la compra de elementos de bioseguridad en el que se evidenció un sobrecosto que superó los 700 millones de pesos.

Es de recordar que en un documento de cuatro páginas firmado por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, el órgano de control hizo oficial que asume la investigación de un contrato suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y Ventas Distribución y Marketing LTDA, para la compra de pruebas rápidas cuyo objetivo era diagnosticar el Covid-19.

Con la actuación administrativa, el ente tratará de establecer si la adquisición de estos insumos se ajusta a los parámetros de ley, y hubo o no, sobrecostos en el convenio que asciende a los $725 millones.

“La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata remitirá a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, toda la información recaudada y que concierna a los objetos de control relacionados en el artículo primero de este acto administrativo, así como los informes que sobre el particular sean elaborados”, expresó en su momento Córdoba Larrarte.

Lo que está claro, es que el mandatario distrital tendrá que responder el derecho de petición de la veeduría que lo solicitó.

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