En el mundo profesional, y especialmente en los oficios ligados a la comunicación y la opinión pública, se ha vuelto cada vez más común en Cartagena una práctica nociva: deslegitimar al colega que no se alinea con nuestras posturas. Se instala la idea de que quien no apoya a uno o a otro se convierte automáticamente en enemigo. Este falso dilema erosiona la esencia misma del trabajo colectivo y convierte la diferencia en una amenaza, cuando en realidad debería ser un motor de enriquecimiento.
La pluralidad de voces es indispensable para cualquier sociedad democrática. Sin embargo, cuando la crítica se transforma en ataque personal y la discrepancia en motivo de exclusión, se pierde de vista el valor de la diversidad. No se trata de que todos pensemos igual, sino de que podamos convivir en el disenso sin que ello implique descalificación. La legitimidad de un colega no depende de si respalda nuestras ideas, sino de la calidad y la ética con que ejerce su oficio.
Convertir la profesión en un campo de trincheras, donde cada palabra se mide en términos de lealtad o traición, es una forma de empobrecer el debate público. La comunicación deja de ser un puente y se convierte en un muro. En lugar de construir ciudadanía, se fomenta la polarización. Y lo más grave: se normaliza la idea de que el respeto solo se concede a quienes piensan igual que nosotros.
En el oficio de la comunicación, el medio que cada uno construye —sea una emisora, un portal digital o una tribuna pública— debería ser un espacio para informar, dialogar y aportar a la sociedad. Sin embargo, se ha vuelto frecuente ver cómo algunos lo utilizan para lanzar improperios contra sus propios colegas. Esa práctica no solo degrada la profesión, sino que convierte la herramienta en un arma de ataque personal, desdibujando la misión de comunicar con responsabilidad.
Deslegitimar al compañero de oficio por pensar distinto o por no alinearse con determinada postura es una forma de censura disfrazada de libertad. La crítica profesional es válida y necesaria, pero cuando se transforma en insulto o difamación, deja de ser un ejercicio de opinión y se convierte en violencia simbólica. El medio pierde credibilidad y el público percibe que la disputa es más personal que informativa.
Me parece bajo y desdice del periodista que Indaga cuánto gana un colega en sus contratos, cuánto factura o qué beneficios recibe. Esto se ha convertido en una práctica usual que más que transparente, suele ser usado, al parecer, como arma de desprestigio. En lugar de enfocarse en la calidad del trabajo o en el aporte profesional, algunos prefieren hurgar en cifras privadas para insinuar favoritismos o privilegios.
Esa curiosidad malsana no busca rendición de cuentas, sino alimentar la envidia y la sospecha. El verdadero debate debería girar en torno a la ética, la responsabilidad y el impacto del oficio, no en convertir los ingresos de un colega en munición para la calumnia.
En conclusión, deslegitimar a un colega periodista no solo es un acto de injusticia personal, sino también un golpe directo a la credibilidad del oficio y al derecho ciudadano de recibir información plural y responsable. Convertir las diferencias en enemistades y los medios en trincheras de ataque debilita la profesión y erosiona la confianza pública.
El periodismo, más que nunca, necesita voces diversas que se respeten entre sí, incluso en el disenso, porque la verdadera fortaleza del gremio está en su capacidad de debatir con argumentos y no con insultos. Defender la dignidad del colega es, en última instancia, defender la dignidad del periodismo mismo.
