En diciembre de 2022, Johana Bueno, quien fue directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) en el mandato de William Dau como alcalde de la ciudad, informó que instauraría una tutela al ser acusada por el ex mandatario de protagonizar irregularidades y desfalcos en la entidad de miles de millones de pesos.
Cabe recordar que, el 12 de diciembre de 2022, William Dau Chamat dijo en medio de un evento del Distrito, que intervino al Dadis porque se convirtió en un “nido de ratas”. El ex mandatario expuso que en el Departamento Distrital de Salud (Dadis) se encontraron presuntas irregularidades bajo la gestión de la directora saliente Johana Bueno que motivaron que haya sido declarada insubsistente junto al director financiero de la entidad, Héctor Useche.
Ese calificativo motivó una investigación disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento, por amedrentar y hacer falsas acusaciones a sus funcionarios en el Dadis, tildándolos como “nido de ratas”.
“Pero hoy aquí estoy denunciando otro nido de ratas dentro de la administración mía, el departamento de salud, el Dadis, donde no tengo las pruebas suficientes para acusar, pero presuntamente se han robado miles de miles de millones de pesos”, expresó Dau en su momento.
Lo anterior generó el rechazo de muchos empleados del Dadis, quienes realizaron las denuncias y videos en contra de estas graves acusaciones.
Tres años después, el resultado de ese juicio disciplinario, en decisión de primera instancia del pasado 22 de enero de 2025, fue sancionar al ex alcalde William Dau por falta leve a título de culpa grave con una amonestación escrita en su hoja de vida; y se trasladó el proceso a la División de Causas e Inhabilidades de la Procuraduría para definir una inhabilidad en años para ejercer cargos públicos.
Esta posible sanción se sumaría a las dos anteriores que suman 22 años entre ambas. La más reciente de diez años por irregularidades y sobrecostos en el arrendamiento de un predio para que funcione la Cárcel Distrital de Mujeres; y otra por 12 años, al haber participado indebidamente en política al expresar en público su apoyo a dos excandidatas al Congreso en 2022, una falta calificada como gravísima.
“El mensaje que manda la Procuraduría con su decisión es una advertencia a los gobernantes que no puede extralimitarse y maltratas con sus expresiones a sus propios trabajadores o a los ciudadanos sin pruebas fehacientes. La voz de un servidor público siempre tendrá mucho poder de lastimar, pues sus expresiones son mediáticas y ampliamente difundidas”, indicó Erick Urueta, expresidente del sindicato Sinserpublicocolombia, uno de los denunciantes y testigos en el juicio disciplinario.
Y resaltó: “Con esta decisión se logra dignificar a las personas que ofendieron llamándolos rateros por su propio jefe y esperamos una inhabilidad ejemplar”.
