Hay episodios en la historia que se repiten como farsa, otras veces como estrategia. En Cartagena, ciudad de músicas ancestrales, de tambores que han resistido más que gobiernos, y de niños que aprenden a leer en clave de pentagrama antes que en tinta, resulta inaceptable que las instituciones culturales sean el blanco de intereses políticos y campañas de desprestigio que, más que generar debate, reproducen ignorancia.
Recientemente, el concejal Javier Julio Bejarano ha decidido sumarse al coro disonante que culpa sin pruebas y acusa sin contexto, reviviendo un viejo y ruin método: convertir al gestor en chivo expiatorio, aunque sea a punta de medias verdades. Esta vez, el blanco ha sido Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), señalada como si fuera la culpable de que el Festival de Música del Caribe, un evento con múltiples fallas organizativas, se viniera abajo por una cadena de irresponsabilidades que no eran suyas.
Hagamos memoria. El Festival de Música del Caribe no es una creación reciente. Desde su origen en los años 80, fue una apuesta por dignificar las expresiones culturales propias del Caribe hispano y afroantillano. Sin embargo, al igual que antaño, cuando ya en varias ediciones pasadas se denunciaron incumplimientos con los pagos a los artistas, vuelve a presentarse el mismo patrón de negligencia: una cadena de irresponsabilidades que desembocan en la afectación directa a músicos y agrupaciones culturales, como si la historia estuviera condenada a repetirse en bucle cada año.
Esta vez, fueron los niños de la agrupación Masaka Kids, pequeños portadores del legado sonoro del Caribe, quienes no pudieron presentarse en el evento por falta de visado. Pero la tragedia no termina ahí: fueron abandonados sin alojamiento, sin alimentos, y sin tiquetes de regreso, en una muestra alarmante del abandono total de deberes por parte de los seudo organizadores del festival, quienes no le cumplieron a nadie. Ante esta situación, el IPCC no solo no fue culpable, sino que asumió tareas que no le correspondían, buscando soluciones urgentes para evitar que la negligencia de terceros silenciara el esfuerzo de los más pequeños.
Transformar a la funcionaria que gestionó soluciones en la villana de la historia no solo es injusto, sino peligroso. Es una estrategia vulgarmente conocida: desacreditar al adversario para ocultar el fracaso propio, una táctica que recuerda las viejas persecuciones políticas, las campañas negras, y las acusaciones injustificadas de épocas donde se callaban voces valiosas con discursos prefabricados.
Y es que en Cartagena ya no cala el cuento del denunciante moral cuando los hechos lo desmienten. ¿Dónde estaba el concejal Bejarano cuando los niños de Masaka Kids no podían presentarse por falta de visado? ¿Dónde estaba cuando fueron abandonados a su suerte, sin un lugar donde dormir, sin comida ni pasajes de regreso? ¿Qué gestión hizo él para garantizar la presentación de las agrupaciones infantiles? ¿Acaso aportó una solución concreta o se limitó, como ahora, a la artimaña del señalamiento fácil?
Mientras la ciudad avanza en obras visibles, en recuperación de espacios públicos, en reorganización de su institucionalidad, hay quienes insisten en atrincherarse en el discurso del caos. Pero Cartagena ha aprendido. Y en esta ocasión, la narrativa del villano fabricado y del desprestigio como arma política, simplemente no convence.
Porque a diferencia de quienes hacen politiquería con el micrófono, hay quienes —como Lucy Espinosa y el equipo del IPCC— han demostrado con hechos que la cultura no es un adorno, sino una trinchera de dignidad. Y eso, por mucho que lo nieguen, la ciudad sí lo está viendo.
