Por Danilo Contreras
El nuevo alcalde de Cartagena tiene fama de gran ejecutor de obras y es, entre los dirigentes que conozco, uno de los que mayor conocimiento tiene de los engranajes de la administración pública y lo que debe hacerse para la gestión de recursos y proyectos en los niveles regionales y nacionales.
Pese a lo anterior es preciso entender que la posibilidad de que la ciudad avance en materia de gestión y proyectos de desarrollo no puede visionarse con fundamento en las capacidades del gobernante de turno, sino, por el contrario, con sustento en el fortalecimiento de la institucionalidad y promoción del talento humano que permitan consolidar metas en el corto, mediano y largo plazo.
Esta introducción es necesaria para plantear una vez más, un tema que no es “taquillero” en las campañas pero que, sin duda alguna, resulta ser de la mayor importancia para los líderes que tienen verdadera concepción del Estado y del valor de una institucionalidad fuerte, moderna y justa.
En el periodo que termina, la administración distrital intentó un par de veces la aprobación por parte del Concejo Distrital de una reestructuración administrativa sin éxito alguno. En nuestro caso, en representación de algunas organizaciones sindicales del Distrito que solicitaron mi apoyo, nos opusimos a tales iniciativas, entre otras razones por las siguientes: i. La reforma atendía a un criterio de “lujuria burocrática”, en tanto se pasaba de 1.075 funcionarios a una voluminosa planta de 3.310 empleados, esto es, se triplicaba el número de cargos. ii. El “análisis financiero” que el Distrito aportó anexo al primer proyecto de modernización señalaba a la letra: “…el indicador de Ley 617 para la vigencia 2022 sin proyecto está en 46,00% y con proyecto pasaría al 82,27%, es decir, tendría un incremento de 36,27%. Eso quiere decir que la implementación total de la planta de personal propuesta implica pasar del límite permitido del 50% de los Ingresos corrientes de libre destinación, permitido por ley”. Grave de toda gravedad, pues tal iniciativa caminaba los bordes del código penal. Y, iii. La reforma arrasaba con el nivel descentralizado por servicios del Distrito para refundir competencias en el nivel central y en las alcaldías locales en las que la corrupción campea. Pese a lo anterior, la reforma no tocaba entidades tan cuestionadas por su ineptitud en la gestión y malas prácticas en la contratación como EDURBE.
En buena hora la reforma no pasó pues, entre otras cosas, dejó de lado un criterio de re – organización que atendiera al modelo integrado de planeación y gestión impulsado desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, que busca evitar la dispersión competencias a partir del análisis de los macroprocesos que se desarrollan al interior de la alcaldía. Así, por vía de ejemplo, no encontrábamos justificado que en una reestructuración que se supone fortalecería la oficina de Control Interno, creara en el despacho del alcalde una dependencia denominada “oficina de cumplimiento” en el nivel asesor, las cuales suelen traer consigo las consabidas OPS.
En notas relacionadas proponía como metáfora pertinente para justificar la reforma administrativa, aquella frase del genio de la antigüedad Arquímedes que reza: “Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, y moveré el mundo”. Pues bien, una de las palancas necesarias para mover en debida forma el aparato estatal en lo local, es justamente su estructura administrativa.
Al respecto suelo citar un documento del 2015 de los investigadores Jaime Bonnet Morón y Yuri Reina Aranza, denominado ‘Necesidades de inversión y escenarios fiscales en Cartagena’, en el que señalaban: “Los resultados muestran que los recursos son insuficientes en el mediano plazo y que existe una disparidad en la ejecución de ingresos y gastos que implica que un porcentaje no despreciable de fondos se queden sin ejecutar, lo cual también frena la atención de las necesidades de inversión. Adicionalmente, las fallas en ejecución de algunos proyectos reflejan una mala calidad del gasto que se convierte en una barrera importante para cerrar las brechas sociales y de infraestructura”. Veo implícita en la última cita, la queja contra una institucionalidad débil y anacrónica, que no se compadece con los requerimientos de la modernidad.
Finalizo agregando lo que expresé en otra oportunidad: “Un rediseño responsable y eficaz de la estructura administrativa del Distrito amerita que en el primer año del próximo gobierno se emprendan, en paralelo con la modernización, una reestructuración del estatuto tributario de Cartagena para superar la debilidad fiscal que acusan las finanzas locales y una modificación a la irracional división político administrativa, puesto que las actuales tres localidades no se compadecen del mandato contenido en el artículo 3º de la Ley 768 de 2002 que señala que los distritos especiales estarán divididos en localidades “como divisiones administrativas con homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, cultural, social y económico”.
Adenda. El problema de la dimensión de la planta NO corresponde solo con el número de cargos creados, sino con la calidad de los servicios que estos puedan prestar para satisfacer los requerimientos de las comunidades y los recursos con que cuente el Distrito para mantener la regla fiscal de la ley 617 de 2000, así como la infraestructura necesaria para albergar al personal, con lo cual se impone también la construcción de modernas sedes para la administración central y para las entidades descentralizadas que se planteen. En ese contexto, en próxima nota me referiré a la masacre laboral que pone en riesgo la permanencia de más de 450 empleados en provisionalidad que son la memoria institucional del Distrito y que fueron sometidos a un procedimiento de concurso de méritos lleno de irregularidades, según lo que denunciaremos.
