Aún los cartageneros no salen de su asombro al ver que, mientras una universidad como el Externado de Colombia, desde la fría capital de la República, cuestionó seriamente la propuesta del Fondo para la Erradicación de la Pobreza del senador por el Centro Democrático Fernando Araújo, la Universidad de Cartagena le pide a la Honorable Corte Constitucional que declare su consticionalidad, al parecer, debido a aspectos formales en la presentación de la misma.
En un extenso documento firmado por la doctora Olga Lucía González, directora del Departamento de Derecho Fiscal de la universidad Externado de Colombia, y tras un estudio a la ley que crea el Fondo, se pide considerar respetuosamente que dos de los artículos de la misma sean declarados inconstitucionales. El primero de ellos tiene que ver con el hecho que no está claro a que entidad se circunscribe el Fondo y quedaría como una rueda suelta sin un control y, el segundo, tiene que ver con el hecho de que sea la Junta del Fondo la que defina el plan y los programas de sustentabilidad para erradicar la pobreza en la ciudad.
Es decir, aclara el estudio que, existe un deber específico impuesto directamente por el Constituyente al legislador ordinario, contenidos en los artículos 1, 209 y 210 de la Constitución Política de Colombia, los cuales establecen que en primer lugar que la Administración Pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley y que las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.
El estudio se acoge así a la demanda presentada por los abogados Danilo Contreras, Carmenza Morales y Giancarlo Barbastefano en dos de sus artículos y, finalmente, pide que se declare inexequible. Entre tanto, añaden los demandantes que la Universidad de Cartagena solicitó que se inhiba de pronunciarse sobre el fondo del tema y se busca castrar el sustento del debate para un tema que tiene demasiada importancia para la ciudad. “Llama la atención que es la Universidad de Cartagena la que pretende que este debate no se de en el seno de la Corte. Finalmente con argumentos a favor y en contra será la Honorable Corte si el articulado de la Ley se ajusta a los principios constitucionales”, concluyen los abogados.
