El pasado 14 de diciembre de 2021 el Juzgado 13 Administrativo de Cartagena amparó los derechos fundamentales al agua potable de Pedro Meléndez Hernández y de la comunidad Lluvia de Bendiciones asentada en un territorio perteneciente al municipio de Turbana, Bolívar.
Dentro de la orden judicial se le ordenó a la alcaldesa Ana Lucía Julio Guerrero que en el término de 10 días hábiles a partir de la notificación del fallo realizara el censo de los núcleos familiares que están asentados en esta finca y de esta forma determinar la cantidad de agua potable que se debe suministrar a las personas que allí viven.
Así mismo el fallo ordenó que después de realizar la caracterización de las familias se le pasara el dato estadístico a la empresa Aguas de Bolívar para que está dentro de cinco días hábiles suministrara el agua potable a través del medio que estos estimaran para tal objetivo y dos veces a la semana.
Igualmente el fallo le ordenó a la Personería Municipal que estableciera el seguimiento a las acciones que se le ordenaban a estas dos entidades y que cumplieran con el fallo. Han transcurrido más de 30 días desde que salió la orden judicial y ninguno de los dos entes le ha dado cumplimiento a la sentencia muy a pesar de que dentro del proceso quedó en evidencia la necesidad para que este asentamiento cuente con el suministro de agua potable, el descaro del gerente de Aguas de Bolívar, fue impugnar el fallo el 11 de enero sin importar si la gente muere de sed.
Es importante mencionar que las personas han enfermado por estar consumiendo aguas de los pozos, agua lluvia o efectuar tratamientos químicos que han generado intoxicaciones. «No entendemos como estos funcionarios públicos sabiendo la importancia y lo vital que es el agua potable para el ser humano sean tan indolentes», sostuvo un líder de la comunidad.
