Un llamado para que se analice y se estudie la Ley que daría origen al Fondo para la Erradicación de la Pobreza hizo el líder Danilo Contreras quien advirtió que los cabildantes no se han preocupado porque esta propuesta, que ha sido tildada de inconstitucional, los deja sin piso legal para coadministrar en la ciudad.
El abogado explicó que luego de realizar un estudio minucioso de las normas que constituyen la Ley 2038 del presente año, por la cual se crea el Fondo Pro Cartagena para la Erradicación de la Pobreza, no le queda la menor de duda que ese organismo impacta la estructura administrativa del distrito, muy a pesar de que en términos formales se afirma que eso no es así.
“Lo que si está claro es que el centro de la toma de las decisiones sobre el futuro de las políticas públicas de Cartagena se traslada de las entidades que están establecidas por la constitución y por ley como son el Concejo y la Alcaldía hacia una corporación que tiene representantes e inversionistas privados”, asegura.
Señala Contreras que siendo esto una decisión que agrede de manera tan evidente los principios democráticos, en el sentido de que, los debates y la deliberación sale del Concejo y se traslada al fondo, es urgente que la corporación edilicia tome cartas en el asunto.
“De forma respetuosa pero también firme en mi condición de ciudadano y líder conmino a las directivas del concejo y a los ediles que representan la voluntad popular que hagan su tarea y que debatan sobre los efectos y consecuencias que tendría la implementación de esta figura que sería el Fondo para la Erradicación de la Pobreza hacia el 2033. Es una discusión que no se puede postergar y es necesaria para recuperar los fueros de la corporación edilicia y de la alcaldía”, concluyó.