La veeduría de salud Derecho y Vida denunció hoy que la verdadera responsable en la compra de las pruebas rápidas para Covid – 19 es Ana María González quien hoy funge como la Secretaria del Interior y en el pasado fue asesora de despacho del alcalde de Cartagena, William Dau. Es de recordar que los audios, en su momento, revelaron la responsabilidad de la actual funcionaria quien sería la persona que estructuró el proceso de compra de diez mil pruebas rápidas por 725 millones de pesos.
«Ella manifestó a través de este audio que ya se había cumplido con la compra y el proceso y que no le interesaban más servicios ni más valores al respecto», precisó César Cárcamo director de la entidad. Lo que se evidenció, en su momento, por cuenta de la asesora de despacho fue un sobrecosto en el valor de las mismas, además de la confiabilidad y la experticia de la firma que no cumplía debidamente con los requisitos.
Fueron múltiples los problemas que se enfrentaron por cuenta de la prueba covid toda vez que la firma señaló, en ese momento, no contar con los debidos manifiestos de aduana de este producto que no llegaron nunca para las comunidades más necesitadas de la ciudad. «Nunca se prestó el servicio para las comunidades menos favorecidas como debía ser. Todo por cuenta de esto proceso viciado», expresó Cárcamo.
En este caso particular, la responsabilidad recae sobre el alcalde y el exdirector del Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis y Ana María González no se ve encartada en el proceso porque tenía una Orden de Servicio. «El proceso ha comenzado a tener carácter disciplinario por cuenta de la Procuraduría General de la Nación y ya hay un proceso fiscal que está en curso y tiene que ver con el daño financiero que se causó al distrito por cuenta de una compra que nunca se dio», precisó el veedor.
