Sin ninguna otra excusa el alcalde William Dau Chamat tendrá que demoler la construcción del edificio Aquarela. Así se lo estableció la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que le señaló además a la administración que la orden es inmediata y no da espera. Ante tales cuestionamientos, la representante de la Oficina Jurídica del Distrito, Mirna Martínez, sostuvo que vienen estudiando las acciones puntuales para adelantar la demolición.
El alcalde William Dau tendrá que demoler Aquarela.
El plazo que tiene la Nación por parte de la Unesco está contemplado para el mes de julio de 2021 o de lo contrario el reconocimiento como Patrimonio Histórico de la Humanidad de la ciudad se vería seriamente afectado. El costo de la demolición oscila entre los 3 mil millones de pesos y el costo deberá ser cobrado al infractor como lo establece la ley.
Está claro, que si la administración de William Dau, no atiende el concepto de demolición de Aquarela, emitido por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se expone a estar incurso en delito como es el fraude a resolución judicial o administrativa.
La noticia fue revelada en primicia por la W, que reveló parte del informe de la Agencia en donde se alerta que “de los documentos revisados, se puede afirmar que el proyecto inmobiliario Aquarela presenta problemas de distinta naturaleza: unos relativos a la estructuración del proyecto, otros a la fase de licenciamiento y, finalmente otros de carácter constructivo, que deben ser analizados en las distintas instancias judiciales y administrativas, para evitar que se agraven los perjuicios que actualmente se están produciendo y se configuren daños”.
El concepto recomienda “la posibilidad de iniciar una acción de reparación directa contra el promotor inmobiliario, con el fin de obtener reparación por los perjuicios que se pudieren generar al Distrito por la demora en la ejecución de la orden de demolición”.
Existen dos órdenes de recuperación del espacio público que se debieron haber cumplido desde hace 18 meses. Por esta razón, la orden de demolición sigue vigente. Además, agrega que la edificación completa debe ser demolida y no parcialmente, como lo solicitó el promotor inmobiliario a través de la modificación de la licencia de construcción.
Deberá ser ejecutada por la Alcaldía de Cartagena, tras escoger mediante proceso de selección a un contratista idóneo que deberá, por su parte, realizar los estudios previos para ejecutar la orden de demolición. Además, se deberá garantizar que el dueño de la obra remueva en un plazo de 20 días los materiales que puedan sustraerse.
“En otras palabras, la demolición de la edificación que actualmente existe es consecuencia exclusiva de una conducta atribuible al promotor inmobiliario, que, en la ejecución de su licencia, ocupó indebidamente una porción de espacio público cuya recuperación se hace imperativa a través de la medida correctiva de demolición”, establece el documento.