Defender la cultura es un deber moral y colectivo. Las tradiciones, las manifestaciones artísticas, los carnavales y los rituales populares son la esencia de un pueblo; su memoria viva. Pero también es cierto que la cultura no puede convertirse en una patente de corso para vulnerar la ley o desconocer la autoridad. No se trata de oponer tradición a institucionalidad, sino de recordar que el respeto por las normas es también un acto de cultura ciudadana.
Lo anterior a propósito de una protesta cultural convocada en el Camellón de los Mártires por presunto hostigamiento policial y multas en rueda de bullerengue. Fue así como músicos, folcloristas y hacedores de la tradición en Cartagena denunciaron un presunto hostigamiento policial y la imposición de comparendos tras la realización de una rueda de bullerengue en el Camellón de los Mártires, en la noche del pasado viernes 24 de octubre.
En tal sentido y es bueno destacar que en el mundo sobran ejemplos de cómo el equilibrio entre libertad cultural y orden público es fundamental para la convivencia. En Río de Janeiro, durante el Carnaval, la ciudad permite la máxima expresión del arte popular, pero bajo estrictas reglas: los desfiles deben seguir horarios, los blocos tienen rutas autorizadas y la policía actúa con rigor cuando se sobrepasan los límites.
En Nueva Orleans, el Mardi Gras es una fiesta de color y desenfreno, pero nadie puede alegar “libertad cultural” para irrespetar a la autoridad o poner en riesgo a los demás. En España, las Fallas de Valencia son un patrimonio de la humanidad, pero su realización exige una coordinación milimétrica con cuerpos de seguridad, bomberos y autoridades locales. Nadie se atrevería a agredir a un agente por exigir el cumplimiento de la norma.
En Colombia, sin embargo, parece que a veces se confunde la defensa de lo cultural con la justificación del caos. La exaltación de la identidad no puede convertirse en trinchera de la desobediencia. Resulta preocupante ver a figuras públicas —concejales, periodistas o líderes de opinión— azuzar el desacato solo para ganar protagonismo o unos cuantos “likes” en redes sociales. La banalización del liderazgo destruye la credibilidad y convierte el debate público en un espectáculo de irresponsabilidad.
Quien respeta la autoridad no traiciona la cultura: la protege. Porque sin orden no hay libertad, y sin respeto no hay convivencia. La institucionalidad no es un capricho burocrático; es la garantía de que todos —desde el artista callejero hasta el empresario, desde el campesino hasta el político— podamos ejercer nuestros derechos sin atropellar los de los demás.
El desafío de nuestras ciudades no es reprimir la cultura, sino armonizarla con la ley, lograr que cada manifestación sea un motivo de orgullo, no de desorden. La autoridad que actúa conforme a la norma debe ser respaldada, no humillada; la protesta debe ser creativa, no violenta; la crítica debe ser constructiva, no incendiaria. Solo así la cultura seguirá siendo un símbolo de identidad, no un refugio para la anarquía.
La verdadera cultura no desafía la ley: la ennoblece.
Respetamos, apoyamos y somos grandes defensores de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras manifestaciones culturales pero igualmente somos respetuosos de la institucionalidad, de la normatividad y los reglamentos que son la base de la convivencia.
Es por eso que no puede ser de recibo el que bajo el telón de las manifestaciones culturales se pretenda que estas son una especie de patente para el no cumplimiento de la normativa y los reglamentos que todos sin excepción debemos cumplir.
De mucho menos recibo es el irrespeto a la autoridad policiva cuando en uso de sus competencias exige el cumplimiento de la ley. Se ve muy mal un concejal o un periodista que por ganarse unos likes de los opositores oficiosos del gobierno, hacen este tipo de actuaciones temerarias incitando a la desobediencia y negando el debido respeto a la autoridad que nos protege a todos por igual.
