La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que desde el órgano de control se ha hecho todo un proceso de formación y preparación para informar a los servidores públicos del país las situaciones que podrían configurar participación indebida en política, y anunció que por estas presuntas irregularidades actualmente se adelantan investigaciones disciplinarias a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cartagena, Manizales y Cimitarra y al gobernador de Caquetá.

“Hemos anunciado los riesgos que corren los funcionarios, incluso los de elección popular frente a la participación en política. Que no nos digan que no los conocen y que estamos abusando del ejercicio de nuestras funciones para iniciar las aperturas de investigación correspondientes”, advirtió la doctora Margarita Cabello.

En su intervención en el seminario “Limitaciones para la participación en política de los servidores públicos”, organizado con el Consejo de Estado y la Universidad del Rosario, la Procuradora aseguró que este es un tema que el legislador no ha regulado de manera integral, pero fue enfática en afirmar que “el órgano de control disciplinario puede garantizar que tiene las herramientas jurídicas necesarias para evaluar cada caso en concreto”.

Agregó que, aunque los funcionarios no están obligados a abandonar la militancia de su partido político lo que es un derecho, no pueden perder de vista que su posición de poder acarrea restricciones en esta materia.

“Quienes tienen la función pública no es que deban abandonar su grupo político, ni más faltaba, pero esos mandatarios tienen que entender y no pueden desconocer que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía en general y lo tienen que hacer con neutralidad y transparencia”, agregó la Procuradora General.

En este sentido, hizo un llamado a los servidores públicos a “tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda, así como con las garantías e imparcialidad del proceso electoral”.

Añadió que también deben actuar con neutralidad y transparencia en el desempeño de sus funciones, y que la Procuraduría está para acompañar desde la prevención, “solo espero que no obliguen a utilizar la otra herramienta que se llama sanción”, advirtió.

Así mismo, la Procuradora explicó que no se puede permitir que el concepto de política se asemeje erróneamente a malas prácticas, clientelismo o burocracia. “La política como debe ser concebida consiste en determinar las ideologías sociales que representan a los ciudadanos y que enrutan el camino de un país hacia el futuro y la prosperidad económica y social”.

Alarmas electorales

La Procuradora General aseguró que desde el órgano de control ha liderado una estructura de vigilancia electoral que busca anticiparse a cualquier acto que atente contra el debate público y la democracia, es por eso que ha encendido dos alarmas sobre el aumento inusitado de cédulas y el incumplimiento de alcaldes municipales y distritales en la expedición del acto administrativo que regula la propaganda electoral.

En este sentido, afirmó que la Procuraduría mantiene vigilancia estricta al cumplimiento de las restricciones en participación en política de los servidores del Estado y recordó que actualmente adelanta visitas a las 1.103 alcaldías y 32 gobernaciones para verificar para verificar el cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales.

“Nuestro deber es vigilar y promover la probidad exigible al ejercicio de la función pública, para alertas y reconocer las actuaciones indebidas que entran en conflicto con los valores democráticos”, puntualizó.

La Procuradora invitó a la ciudadanía a ser parte activa de este proceso electoral y aseguró que “son los llamados a poner las quejas para que desde el órgano de control hagamos las alarmas electorales y evitemos que tengamos que entrar a las sanciones disciplinarias correspondientes”.

El seminario fue instalado por la jefe del Ministerio Público, la magistrada del Consejo de Estado, Rocío Araújo Oñate, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado y el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, José Alberto Gaitán, quienes resaltaron este espacio pedagógico que permitió dar claridades a los servidores públicos sobre las conductas que generan un indebido ejercicio del derecho a la participación en política.

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