Por Rodolfo Díaz Wright

En diciembre de 2012, el Procurador General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, al entonces alcalde de Bogotá. La razón: según la investigación de la procuraduría, el alcalde le había entergado el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia.

Adicionalmente, el procurador tuvo en cuenta: la compra de carros compactadores de basura que, según el,  no cumplían los requisitos técnicos y de operabilidad,  y la posibilidad de que se hubiera puesto en peligro la vida de ciudadanos, por lo que representaba el caos de basuras sin recoger.

Ese mismo año, unos meses antes, en octubre,  La contraloría General de la Nación, había solicitado la suspensión inmediata del alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán Dix, de su secretaria de Educación, y dos funcionarias más, por presuntas irregularidades en el contrato para el aseo de las escuelas públicas distritales, celebrado con la empresa Chemical Products, con un valor de $5.893 millones. Aunque el proceso de responsabilidad fiscal, contra el alcalde Terán y sus funcionarios, fue posteriormente cesado por la propia contraloría, este no pudo regresar al cargo, ya que había renunciado en abril de 2013, a consecuencia de una grave enfermedad que padecía.

Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello

En el mes de Mayo de 2017, La Procuraduría General suspendió por tres meses a Manuel Vicente Duque, a la sazón alcalde de Cartagena, como medida cautelar en el marco de un proceso disciplinario en su contra. El Ministerio Público tomó la decisión mientras se investigaban las irregularidades en el control y seguimiento de las construcciones de la ciudad. Posteriormente, en octubre de 2017, Duque firmó la carta de renuncia en la cárcel para funcionarios públicos del municipio de Sabanalarga, en donde permanecía recluido desde hacia algún tiempo, tras ser acusado de corrupción por la elección irregular de la contralora distrital, Nubia Fontalvo.

Estos son apenas tres casos que  muestro, por ser muy conocidos, emblemáticos y que tuvimos ocasión de vivir a fondo en sus momentos. Más allá de si eran reales o imaginarios, de si se probaron o no los presupuestos con que se sustentaban las acusaciones y de si se hizo justicia o no, lo cierto es que muestran una gran dinámica de los entes de control, frente a denuncias en el área de la gestión de los alcaldes elegidos popularmente. Todos recordamos la velocidad con que se supendieron a estos alcaldes y con que se realizaron los procesos que definieron el curso de acción de las investigaciones.

Pero esto apenas es una muestra: El 13 de marzo de 1988 Colombia eligió por primera vez, mediante voto popular, a sus alcaldes, ya que hasta esa época, los mandatarios municipales eran designados por el gobernador, quien a su vez era escogido por el presidente de la República. En los 30 años larguitos que lleva esta elección, la Procuraduría ha sancionado 7130 alcaldes. De estos 2500 fueron suspendidos temporalmente y un total de 1.100 mandatarios no pudieron terminar sus administraciones  al ser castigados disciplinariamente con la destitución.  De hecho, un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) , también dio cuenta de que de los 679 dirigentes políticos condenados entre 1991 y 2017 por corrupción, el 65% eran alcaldes.

Varias conclusiones se derivan de estas cifras: No es cierto que en Colombia no se sancione la corrupción y mucho menos que los entes de control solo se hayan fijado en el actual alcalde de Cartagena. Tampoco es cierto que la Procuraduría es un ente paquidérmico y politizado,  ya que la velocidad y eficacia, con que han investigado históricamente, gente de todas las pelambres políticas, es proverbial y, por último y más importante, es que los entes de control han hecho respetar la institucionalidad y protegido a la ciudadanía de la arbitrariedad, las violaciones y los manejos indebidos de gobernantes. El alto porcentaje de corruptos condenados así lo indica.

Lo que nadie entiende entonces es porque, a estas alturas del partido, no ha sido destituido, o al menos suspendido,  el alcalde de Cartagena,  a quien se le han probado objetivamente: vías de hecho, como la cometida en el caso de los peajes, malos manejos contractuales y corrupción financiera y admistrativa, además de multiples delitos de injuria y calumnia. La primera versión dice que hay un partido político poderoso de gobierno, que apoya la continuidad del alcalde, para así seguir medrando en la ignominia y apoderarse del poder local. La segunda establece que los entes de control quedaron aburridos con respecto a las posibilidades de sanción a elegidos popularmente, despues de que la Corte Interamericana, interviniera en el caso Petro.

Sea lo que fuere que está ocurriendo, ojalá que la nueva procuradora acoja las recomendaciones de su antecesor Carrillo,  deje de tirarse de los “cabellos” y se decida a liberarnos pronto de la pesadilla zambiloca.

Como dijo la escritora Gianina Braschi: “Yo he sido adivina. En otros tiempos le adiviné el futuro a los bufones y a los locos.”

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