En firme quedó el presunto hallazgo de Responsabilidad Fiscal en el contrato de la Primera Dama de Cartagena, Cynthia Pérez Amador por parte de la Contraloría Distrital. El detrimento patrimonial supera los 30 millones de pesos en una Orden de Prestación de Servicios que contempla un salario mensual de 7 millones de pesos.
Tras la confirmación del órgano de control distrital quedó en evidencia que los argumentos esbozados por parte de la administración distrital para justificar dicho contrato de alta confidencialidad no llenó los requisitos legales y no se pudo demostrar la razón de ser del contrato de la primera dama.
Señala la Contraloría Distrital que dicha decisión tiene alcances disciplinarios y penales. En cuanto a los primeros se busca que se investigue la actuación de los funcionarios que intervinieron en dicha contratación, desde la etapa de planeación hasta la suscripción del mismo; y con relación a los alcances penales se pretende que se remita al órgano competente para que determine la existencia de interés indebido en la celebración del contrato analizado. Y a esto se le suma el que tendrá que afrontar el presunto delito de falsificación en documento que presentó ante las autoridades la líder Jaqueline Perea.
NO SE JUSTIFICÓ
De la justificación de la contratación de Cynthia Pérez Amador, se responsabilizó a Diana Martínez, y se dijo entonces que en las condiciones pactadas no se podía determinar que fueran de altísima confianza; de igual manera, en los estudios previos de la contratación no se enunciaron conceptos que tuvieran que ver con este misma condición. Finalmente, se enfatizó que la Primera Dama, no cuenta con la preparación académica y el conocimiento profesional que le permita firmar un contrato catalogado de alta confianza.