Ante la incertidumbre que se ha generado por cuenta del Ministerio Público en torno a un pronunciamiento de fondo en el caso que se le sigue al alcalde William Dau por los señalamientos y faltas de respeto a la directiva de la Universidad de Cartagena, funcionarios y concejales, un grupo de abogados de la ciudad han decidido viajar a la ciudad de Bogotá para ‘tomarse’ la sede de la Procuraduría y exigir dicha respuesta.

Los juristas, liderados por el abogado Jair Caro, han anunciado que se requiere conocer un fallo de fondo en torno a estos temas y que el Ministerio Público no le haga el juego al mandatario distrital o le sirva de cómplice. “Le he pasado ya dos escritos a la Procuraduría y un impulso para que se conozca su pronunciamiento ya sea a favor o en contra del alcalde. Esto es necesario por el bien de la ciudad y que escondan la cabeza como la avestruz”, sostuvo Caro quien fue el abogado responsable de denunciar al mandatario por su falta disciplinaria en contra de la directiva de la universidad al tratarlas de ‘nido de ratas’.

La situación es compleja en este momento en una ciudad donde reina la inseguridad, impera el sicariato y existe una crisis en cuanto a la atención en materia de salud para casos de dengue y el incremento de contagios de Covid19. “Ante el desorden que se experimenta en Cartagena se hace necesario conocer qué pueden hacer desde el interior del país los organismos de control. Necesitamos que la ciudad salga del caos en el que se encuentra en este momento”, puntualizó el abogado.

UN JUICIO SIN FALLO

Es de recordar que la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde Distrital de Cartagena, William Jorge Dau Chamat (2020-2023), por presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos. El ente de control le reprochó al mandatario el que presuntamente se refiriera en términos desobligantes e irrespetuosos hacia los directivos de la Universidad de Cartagena, en declaraciones hechas a los medios de comunicación el pasado 31 de julio de 2020.

Al parecer, el alcalde pudo haber utilizado expresiones como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines” para referirse a los servidores, con lo que habría afectado su dignidad e integridad moral, y vulnerado lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, “(…) tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.

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