Tras una intervención en un medio de comunicación radial, la señora Rosmery Medrano manifestó que desde la GEPM se le había solicitado movilizarse y no permanecer de forma estacionaria, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Como muestra de disposición al diálogo, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, autorizó de manera excepcional que la señora continuara desarrollando su actividad en ese punto específico, bajo condiciones claras y en el marco de un acuerdo de buena fe.
No obstante, en los últimos meses se ha constatado un uso del espacio que excede los límites inicialmente permitidos. Lo que comenzó como una venta móvil desde una bicicleta ha incorporado elementos adicionales —trípodes, tapetes de grama sintética y otros accesorios— que amplían de manera considerable la ocupación del espacio público. Esta expansión afecta la estética del entorno y compromete la integridad visual de una zona patrimonial protegida por ley.
Cabe recordar que el ejercicio de actividades económicas en el espacio público requiere autorización expresa. Aunque se actuó con flexibilidad en este caso particular, actualmente la señora Rosmery opera junto a un grupo de personas que canaliza turistas hacia su punto de venta, una práctica no autorizada ni siquiera para quienes cuentan con algún tipo de confianza legítima.
En relación con los señalamientos sobre una supuesta persecución, es preciso aclarar que en el Registro Único de Vendedores figuran 19 personas formalmente inscritas en el área, quienes ejercen su actividad conforme a los parámetros definidos por la autoridad competente.
Respecto a los hechos denunciados públicamente y reflejados en videos difundidos los días 6 y 15 de julio por un portal de noticias, se observa que brigadistas de la GEPM fueron abordados con gritos e interrupciones por parte de la señora Rosmery y algunos de sus clientes, lo que impidió el desarrollo normal de su labor y la posibilidad de ofrecer explicaciones en el terreno.
La Administración Distrital reitera su compromiso con la defensa de un espacio público ordenado, justo y respetuoso del entorno patrimonial. Las excepciones no pueden convertirse en reglas que pongan en riesgo la convivencia ni el equilibrio en el uso del espacio común.
