La mesa de trabajo que se instaló por parte del Gobierno Nacional y la Fiscalía para estudiar los bienes entregados a la Sociedad de Activos Especiales, SAE comenzó a arrojar resultados. El ente investigador dejó claro y en detalle que le han entregado que entre enero de 2020 y el 6 octubre de 2022, la Fiscalía ha impuesto medidas cautelares en 21.772 bienes, que tiene un impacto económico de más de 25.7 billones de pesos.
Pero de esos ha entregado a la Sociedad de Activos Especiales 19.587 bienes. De esos, 13.109 son semovientes. 3.664 son urbanos, 1.147 son rurales, hay 437 establecimientos comerciales, 249 (divisas, sustancias controladas, dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones) y 207 sociedades. Hay 2185 que no fueron entregados a la SAE, las razones de esta diferencia, según la Fiscalía, son:
Algunos vehículos afectados tienen inscrita la medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados. A una cantidad significativa de semovientes, se les inscribe la medida cautelar ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, pero, al momento de secuestrarlos, no se ubican en el lugar donde se reportaron.
A la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran en funcionamiento. Resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones.
Entre tanto, se ha hablado de la influencia del senador Jhon Jairo Roldán en la elección del gerente regional de occidente de la SAE, Alejandro Henao. El ex director general de la SAE Andrés Avila nos asegura que Roldan no tiene ninguna investigación interna en esa entidad, que no entró por ser familiar del senador y que duplicó la gestión de productividad de su regional.
