Aún veedores y líderes en la ciudad de Cartagena no entienden cómo la Fiscalía 55 Seccional archivó el proceso que se adelantaba contra el alcalde William Dau tras una conducta omisiva relacionada presuntamente con un prevaricato, al no realizar los actos para judicializar, confrontar y evitar que se diera una movilización en medio de la reglamentación y las medidas de bioseguridad establecidas en el marco de la pandemia del Covid19 en la marcha de apoyo al expresidente Uribe el pasado 7 de agosto en la ciudad de Cartagena.
Erick Urueta, representante de la Red de Veeduría a la Rama Judicial, sostuvo que es preocupante lo que ocurrió y, manifiesta que los argumentos presentados por el abogado Anthony Sampayo, en cuanto a que el alcalde expide los decretos y que no existió en ningún momento una estrategia omisiva se queda sin piso jurídico pues todos los decretos y medidas como el pico y cédula fueron violados flagrantemente por esta jornada de respaldo al señor Álvaro Úribe Vélez.
Añade que llama poderosamente la atención el que se manifieste que al alcalde le es imposible limitar o reglamentar el derecho a que los cartageneros se manifiesten públicamente, por lo cual, por mandato constitucional, está limitado al Congreso e incluso no podría ser limitado en medida de excepción como lo es la medida declarada por el gobierno por cuenta de la pandemia.
Asegura Urueta Benavides que al jurista, en medio de sus argumentos, manifestó que le sorprendió que fuera una organización sindical y una veeduría los que denunciaran al mandatario, toda vez que son este tipo de organizaciones las que más que requieren que el derecho a la protesta sea respetado.
“Lo que tenemos que decirle al abogado Sampayo es que dentro de estos procesos se debe buscar el equilibrio de la balanza; siendo este que no sea lógico que para la marcha uribista no se diera ni un solo capturado, no se dieran privados de la libertad y personas puestas a disposición de la Fiscalía. Y previa a esta jornada se desarrolló un plantón por parte de los guías turísticos y en este caso el alcalde como primera autoridad permitió la captura y privada de la libertad de varios de los protestantes”, expresó Urueta.
Y es de recordar la última participación del líder del barrio Chino, Miguel Salgado, quien por estar protestando pacíficamente fue privado de la libertad. “Nuevamente decimos que el abogado Sampayo desconoce el equilibrio de la balanza y se ha debido aplicar en todo sentido. Esto es lo que se debe entrar a cuestionar. Y finalmente esta decisión de archivo no ha sido notificada y por esto presentamos una acción de tutela. No entendemos cómo se cierra una investigación y no se sabe qué ocurrió con los demás denunciados que estaban allí”, concluyó el líder.