El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) expresó este jueves su rechazo al acuerdo firmado entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro para la creación de una zona económica binacional en la frontera colombo-venezolana. El exmandatario calificó la iniciativa como “una entrega del país a la criminalidad internacional”.
El acuerdo fue firmado la semana pasada en Caracas y contempla la creación de una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, con cooperación en comercio, salud, educación, turismo y energía. La zona tendría una vigencia inicial de cinco años e incluiría los departamentos colombianos de Norte de Santander, La Guajira y Cesar, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia.
Uribe, líder del partido de oposición Centro Democrático, escribió en su cuenta de X (antes Twitter):
“Inaceptable la zona binacional acordada con la tiranía de Maduro. Allí domina la criminalidad financiada por el narcotráfico, auspiciada y protegida por Maduro. Es un paso adelante en la entrega del país a la criminalidad internacional y a sus protectores como Maduro”.
Además, advirtió que si un nuevo gobierno de línea similar a la suya llega al poder en las elecciones presidenciales de 2026, una de sus primeras decisiones será la eliminación del acuerdo.
En un video publicado el mismo día, Uribe reiteró sus críticas, asegurando que el proyecto representa “una entrega de la soberanía de la patria al dominio del terrorismo y el narcotráfico”.
Por su parte, desde el Gobierno colombiano, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, defendió la iniciativa como una oportunidad para reforzar y transformar las zonas fronterizas. A su vez, el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, la calificó como “el inicio de una transformación social, política y económica”.
Desde Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que el acuerdo permitirá avanzar en proyectos de transporte transfronterizos, facilitará la interconexión eléctrica y convertirá al país en un importante exportador de gas hacia Colombia.
La idea fue anticipada por el presidente Petro en marzo, durante un discurso en Tibú, municipio del Catatumbo fronterizo con Venezuela, que ha sido fuertemente afectado por la violencia de grupos armados ilegales. Solo en los primeros meses del año, esa región registró al menos 70 homicidios y más de 55.000 desplazamientos forzados.
Mientras el Gobierno colombiano impulsa el proyecto como parte de su política de integración regional y desarrollo de las zonas fronterizas, sectores de oposición como el expresidente Uribe insisten en que se trata de una concesión inaceptable a una “dictadura” y a intereses criminales.
