La exministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, seguirá afrontando un proceso legal por el escándalo de corrupción en Centros Poblados. Este lunes 10 de octubre, una jueza negó reconocer como víctima a la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque por las irregularidades encontradas en el contrato de la cartera.
Es de recordar que la defensa de Abudinen, conformada por el abogado Jaime Lombana, radicó la petición en la que se argumentaba que, la entonces ministra y sus funcionarios, fueron engañados por los contratistas, quienes al momento de presentarse relacionaron documentos falsos de bancos y aseguradoras.
Según la Fiscalía, la Unión Temporal Centros Poblados (UT) -conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S- pese a no cumplir con las exigencias, obtuvo el contrato avaluado en 1,7 billones de pesos.
SE DIO EL ADELANTO
Pese a haber recibido un adelanto de 70 mil millones de pesos para poder adelantar en el norte del país los primeros trabajos de conectividad en las escuelas rurales, dichas labores fueron incompletas y varias de las instalaciones realizadas no obedecían a una función clara.
Teniendo en cuenta que los contratistas presentaron documentos falsos, la Fiscalía General de la Nación aduce que los contratistas “indujeron al error” a los empleados de MinTIC que fectuaron la revisión de los documentos y que permitieron la entrega del millonario contrato.
El 20 de septiembre de 2021, en el marco de una diligencia adelantada por efectivos del CTI de la Fiscalía, fue capturado, en la ciudad de Barranquilla, Emilio Tapias, empresario involucrado en el escándalo de corrupción del carrusel de contratación en Bogotá.
De igual modo, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales el empresario Juan Fernando Duque, representante legal de la UT, por parte del contrato que derivó en un detrimento patrimonial de cerca de 70.000 millones de pesos.
Asimismo, la Fiscalía confirmó la aprehensión de Juan José Laverde Martínez, quien estaría vinculado con Rave Seguros, firma que contrató la póliza con el Banco Itaú, la cual habría terminado siendo falsa, y una de las piezas clave para la develación de las irregularidades.
