Cuatro son las razones u obstáculos que le han surgido al macroproyecto del Canal del Dique para que aún hoy no se adjudique por parte del Gobierno del presidente Petro y solo cuando se hayan superado, sumado a una gran socialización del mismo, se le dará vía libre el próximo 12 de septiembre.
Entre los inconvenientes se encuentran unas alertas que ha emitido la Contraloría General de la República; un llamado de la Jurisdicción Especial de Paz para identificar cadáveres que han podido ser arrojados al Canal del Dique en la época de la violencia; cuestionamientos desde el punto de vista ambiental y la necesidad de que el proyecto tenga la suficiente socialización con las comunidades.
LOS OBSTÁCULOS UNO A UNO
EL Ministro del Transporte, Guillermo Reyes a la W Radio, destacó que uno de los primeros obstáculos está relacionado con las acciones que se adelantan con la Contraloría General de la República y trabajar así mancomunadamente a fin de examinar los cuestionamientos que existen en torno a la capacidad financiera por parte del único proponente para el proceso de adjudicación; es decir la firma Sacyr Concesiones Colombia SAS.
«Lo que sostienen en la Contraloría es que les preocupa que una empresa que se acaba de ganar el 4 de agosto la adjudicación de una obra de 5G superior a dos billones de pesos tenga capacidad para adelantar un proyecto tan grande como este», precisó Reyes.
Un segundo aspecto o freno tiene relación con la solicitud que ha establecido la Jurisdiccón Especial de Paz para que antes de que se adjudique el proyecto se logre establecer mediante un estudio en qué lugar pueden estar los cadáveres y antes de comenzar el dragado tener acceso a esa verdad y a determinar si hay esos miles de cadáveres.
«En el canal donde se piensa adelantar el dragado lo que se ha logrado establecer es que hay miles de cadáveres de colombianos que murieron fruto del conflicto en esa zona del territorio nacional», sostuvo el ministro del ramo quien añadió que el martes de la próxima semana sostendrá una reunión con el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes para tocar este tema.
Un tercer elemento está fundamentado en la conversación que se adelantó recientemente con la Ministra del Ambiente, Susana Muhamad quien sostuvo que existen muchos cuestionamientos que no se cumplieron con el presupuesto ambiental para este proyecto. «Hubo un cambio de posición entre el 2017 y el 2018 por parte de la Anla que genera una preocupación en el componente ambiental», puntualizó.
Y un cuarto obstáculo tiene que ver con las denuncias que se han conocido por parte de las comunidades dentro de este proyecto y que se han visto afectadas. Aseguran que hay necesidad de que se conozca y se socialice. «Claro que también se conoció que hay quienes aseguran que el proyecto es fundamental para los temas cuando hay ola invernal e inundaciones en esta zona» aseveró.
REUNIÓN CON LA ANI
De esta manera, el ministro precisó que junto con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, se acordó aplazar la adjudicación del proyecto para el 12 de septiembre y se prevee que para el 26 de agosto se adelantará una reunión en Santa Lucía con las comunidades, órganos de control, proponentes y todas las entidades involucradas para escuchar las opiniones de todos. «En un link del ministerio se ha invitado a que todos los que tengan aportes y propuestas se formulen allí» puntualizó.
Finalmente, el ministro precisó que la semana entrante sonstendrá reuniones con los representantes de la empresa Sacyr Concesiones Colombia SAS para buscar una fórmula que brinde una solución pronta y efectiva para avanzar de la mejor manera. En relación con la posibilidad de darle un vuelco a la contratación y buscar otro oferente, el ministro aclaró que en este punto la legislación es perentoria y no se pueden cambiar las reglas de juego.
«En su momento había otro interesado pero no cumplió pero no cumplió los requisitos. Ya incluir a otro es imposible. El hecho de que haya un único proponente no es motivo para que se de una nulidad y lo que se puede buscar es que el proceso retorne a una fase inicial para corregir errores que pudieran existir o que la empresa asuma las observaciones que se han establecido», precisó el funcionario.
