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EL PASTORCITO MENTIROSO

Por Rodolfo Díaz Wright

Es apenas obvio que la ciudadanía cartagenera, ya no le crea un carajo a nada de lo que dice la actual administración de la ciudad.

Después de casi tres años de no hacer nada, de pasárselas echando embustes, burlándose de la gente, perrateando y haciendo payasadas, es elemental, mi querido Watson, que cualquier locura que presenten en estos momentos, será tomada como otra de las innumerables sandeces que se han dicho y hecho, tan solo con la intención de desviar la atención, de aparentar que se trabaja, o de echar humo sobre los innumerables problemas que se han generado alrededor de esta administración de pacotilla.

Es claro que, como en el caso del pastorcito mentiroso, después de múltiples metidas de pata, después de cualquier cantidad de descaches, en cuanta actividad se ha propuesto y después de infinitas faltas de respeto, contra la ciudadanía y sus instituciones, ya nadie crea y mucho menos confíe en que, de la noche a la mañana, tienen las grandes soluciones de la ciudad, disfrazadas de dudosos decretos, para repartir lo ya repartido y para, gatopardisticamente, cambiar todo para que quede igual o peor.

Por allá por los años 90, a un secretario del interior se le ocurrió, con otro decreto equívoco, la genial idea de cobrar alquiler a los vendedores ambulantes que, a la sazón, ocupaban andenes en algunas avenidas importantes del centro histórico. Ahí se dio comienzo a la verdadera invasión del espacio público, adornada además con figuras jurídicas, como la confianza legítima, que luego harían prácticamente imposible la aplicación de las normas de recuperación que se quisieron aplicar.

El espacio público en la Constitución Política del1991, es entendido como concepto integral, que no sólo hace referencia a los componentes físicos y ambientales que lo constituyen, sino que alcanza la categoría de “derechos colectivos y del ambiente”, también llamados derechos difusos, consagrados en el capítulo III, Art. 78, 79, 80, 81 y 82 de la Carta y entendidos como aquellos que se reconocen a toda la comunidad, donde el titular del derecho es una pluralidad identificada como un todo y no individualmente. Importante porque en esta clase de derechos la ley garantiza la participación de la comunidad en las desiciones que puedieran afectarlo.

Asimismo, el artículo 82 de La Constitución Nacional establece respecto al espacio público, su protección y su prevalencia sobre el interés particular y consagra en su contenido la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad de los bienes de uso público. Asi que  no nos dejemos meter cuentos: es la propia  Constitución la que le ordena al Estado velar por su integridad, por ser  destinado al uso colectivo.

Que no se hagan ilusiones entonces, quienes con artificios de carnaval y con  pretextos trasnochados de desarrollo y aprovechamiento turístico,  van a seguir repartiendo lo que nos pertenece. Los cartageneros tenemos claros nuestros derechos y no vamos a permitir que una administración, que solo ha demostrado una gran vocación para el irrespeto y la inoperancia, maneje a su albedrío y tome decisiones, sobre un tema en que más alla de en vivos y videoconferencias, la ciudadanía tiene derecho a participar activa y eficazmente.

No debemos olvidar que Cartagena es para los cartageneros. Los turistas vienen después.

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