No cesan los cuestionamientos por parte del abogado Javier Doria, quien representa los intereses de las víctimas de las construcciones ilegales, que fueron edificadas por el clan de los Quiroz.
Asegura en esta entrevista de ESO VA Noticias que, además de que les adeudan más de un año de subsidios de arriendos, que no se cuenta con un funcionario que sea el nexo entre la administración y ellos y que no se han socializado los estudios adelantados por la Universidad Nacional, queda un numeroso grupo de personas que aún habitan estas edificaciones y que se mantienen a la espera de que se adelanten estos análisis por parte del Alma Mater de la capital de la República.
Finalmente enfatiza que lo que está esperando la administración es que muy seguramente, no lo permita Dios, se registre una tragedia similar a Portales de Blas de Lezo II para asumir un compromiso, pero ya será muy tarde. Esto fue lo que nos dijo frente a este espinoso tema que le ha costado a la administración distrital fuertes llamados de atención por parte de los entes de control.
ESO VA: ¿Luego de la rueda de prensa queda en evidencia que no hay por parte del distrito un funcionario que sirva de enlace o nexo entre las víctimas de las construcciones ilegales y la administración distrital?
JAVIER DORIA: Efectivamente en este momento, las víctimas de la construcción ilegal en Cartagena, y de manera específica las personas que eran los propietarios de las 16 edificaciones que se identificaron desde el inicio en este proceso, en este momento no tienen un enlace directo con la administración distrital; no hay una persona que esté informando de manera permanente y segura sobre las actuaciones de la Alcaldía para tender la mano y entender el drama que estas personas están viviendo. Es más, dentro de las órdenes impartidas por parte de la Juez de Control de Garantías en el fallo, se dispuso que el distrito les brindaría un acompañamiento sicosocial a estas familias y esto nunca se ha hecho. La verdad que ahora mismo ninguno de ellos tiene clara la actuación del distrito frente a la gravísima situación que están viviendo.
ESO VA: ¿Qué harán frente a este abandono en el que se encuentran y el hecho de que la actual administración distrital no haga nada para atenderlos?
JAVIER DORIA: Ya nosotros hemos presentado recientemente derechos de petición pidiéndole a las autoridades que nos digan cuáles son los planes de acción de la administración frente a estas familia y hemos solicitado también que el funcionario que determine la administración nos reciba para poder plantearle toda la situación y las adversidades que están viviendo estas familias; y así mismo, escuchar por parte de la administración, todos los planes y las propuestas que tengan para ellos. Hasta el momento, lo que se venía haciendo de manera más frecuente era el pago de los arriendos y este año no habido ningún pago y el último se hizo a mediados del año pasado. De este tiempo para acá las familias no tienen un contacto directo con la administración distrital.
ESO VA: ¿A cuanto asciende la deuda del Distrito con las víctimas de las construcciones ilegales?
JAVIER DORIA: En estos momentos el Distrito les adeuda a las familias subsidios de arriendos desde mediados hasta esta cuenta; algunas familias les deben 12, 14 y hasta 18 meses. En algunos casos, el Distrito solo compensó arriendos por tres meses. Es decir, que la administración está incumpliendo esta situación que nace de una orden judicial que en el mes de enero de 2018 impartió una Juez de Control de Garantías.
ESO VA: Los estudios de la Universidad Nacional han sido socializados o siguen en los anaqueles de la administración sin que nadie conozca sus resultados.
JAVIER DORIA: Los estudios de la Universidad Nacional no son conocidos a ciencia cierta por las familias de las construcciones ilegales; es decir, sabemos que esta universidad entrego en noviembre del año pasado entregó lo que creemos que son unos estudios definitivos y las familias lo saben porque se conoció a través de los medios de comunicación. Hasta el momento ningún funcionario de la administración distrital le ha dado la cara a las familias para decirles cuál fue el resultado de estos estudios y mucho menos cuáles serán las acciones que emprenda el Distrito a partir de estos análisis que hizo la Universidad Nacional. Al margen de ello, hay que manifestar que hay otros edificios que, hasta el momento, deben ser objeto de unos segundos estudios por diferentes circunstancias y frente a ello el Distrito se ha hecho el de la vista gorda y las familias continúan en la misma interinidad.
ESO VA: Finalmente Dr Doria qué panorama avizora usted para las víctimas que representa de las construcciones ilegales de la ciudad
JAVIER DORIA: La única posibilidad que tienen las familias ahora es iniciar procesos judiciales para reclamar las indemnizaciones de estos perjuicios y ya en muchos casos se han presentado demandas y se han estado haciendo lo que las familias tienen a sus manos hacer. De todas maneras es triste porque lo que uno cree que hubiera podido ocurrir, que era que el Distrito ante la evidencia de una circunstancia tan extraordinaria como al que está ocurriendo, se hubieran tomado medidas para evitar que estas familias fueran revictimizadas; sin embargo, esta no ha sido la acción por parte del Distrito, lo que ha obligado a estas familias a iniciar acciones judiciales y es desconcertante porque la acción de la administración distrital frente a las mismas es la de indicar que estas personas no son víctimas sino que son responsables de lo que les está ocurriendo.