La Real Academia Española define la palabra conchudo como aquel sujeto descarado, sinvergüenza, avivato, que pretende sacar ventaja de todos creyendo que el resto de la humanidad es boba. Pues bien, Cartagena entera ha encontrado en esa definición el retrato hablado de la empresa Sotramac, socio de Trascaribe junto con la Alcaldía y otra firma privada. Porque, ¿qué otra palabra cabe para una compañía que mantiene la mitad de su flota parqueada, ofreciendo un servicio paupérrimo a los usuarios cartageneros, mientras exige más fondos públicos para sostener su ineficacia? Y como si fuera poco, cuando el Distrito —con toda razón— se niega a seguir financiando ese desgreño, Sotramac recurre al chantaje de la denuncia penal y disciplinaria contra la Alcaldía.
El artículo 209 de la Constitución establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse bajo los principios de eficacia, economía y moralidad. ¿Dónde queda la eficacia de Sotramac, con buses varados y usuarios maltratados? El artículo 355 de la Constitución prohíbe otorgar donaciones o auxilios con dineros públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, salvo que haya convenios con entidades sin ánimo de lucro que cumplan funciones de interés común. Entonces, ¿en qué parte de la ley está escrito que los cartageneros deban seguir subvencionando la pésima administración de una empresa privada que se comporta como pedigüeña crónica? Y recordemos el artículo 410 del Código Penal, que castiga con prisión a quienes, siendo responsables de la administración de recursos públicos, los destinen a fines distintos a los previstos en la norma. Aquí, si alguien insiste en seguir dándole plata a una empresa ineficaz, también estaría caminando por el filo del peculado.
Sotramac no solo es conchuda: es temeraria. Pretende que con denuncias infundadas la Alcaldía se arrodille y le abra de nuevo la chequera del erario. Cree que a punta de amedrentamientos jurídicos puede seguir ordeñando el bolsillo del ciudadano de a pie, ese mismo que madruga, que paga su pasaje y que recibe a cambio el peor servicio de transporte masivo de Colombia. La paciencia ciudadana está agotada. Cartagena no aguanta más con una empresa que trafica con la ineficiencia y que quiere convertir el “derecho al transporte” en una excusa para seguir parasitando del Estado.
La Junta Directiva de Trascaribe tiene el deber —y la obligación legal— de tomar medidas inmediatas. Sotramac, en su actual estado, es una carga muerta, un lastre que arrastra a todo el sistema y pone en riesgo la movilidad y la tranquilidad de la ciudad. Aquí no caben paños de agua tibia. Si la empresa no es capaz de operar con eficiencia y transparencia, que se retire. Porque lo que está en juego no es la vanidad de unos empresarios conchudos, sino el derecho fundamental de los cartageneros a un transporte digno, eficiente y respetuoso de la ley.
