La valorización, concebida en 1921 como un mecanismo de financiación local y reformada en los años sesenta, nació con un principio sencillo: quienes se benefician directamente de una obra pública aportan económicamente porque su patrimonio gana valor. Sin embargo, lo que en teoría parece claro, en la práctica se ha convertido en un terreno de interpretaciones complejas, debates jurídicos y controversias ciudadanas.
El caso de la vía Cartagena–Barranquilla es ilustrativo: la aplicación retroactiva del cobro desató un debate nacional, denuncias y hasta expresiones de desobediencia civil. Porque una ley puede estar bien estructurada, pero si la ciudadanía percibe injusticia, la resistencia aparece. Hoy el concepto resurge en Cartagena, vinculado a proyectos de protección costera y a las obras del Canal del Dique. Se argumenta que estas intervenciones podrían valorizar sectores como Bocagrande.
Sin embargo, la realidad es distinta: las propiedades allí y en Castillo Grande están actualmente desvalorizadas por el impacto del cambio climático, las inundaciones y el hundimiento histórico de la franja costera. Un proyecto que apenas busca mitigar riesgos y recuperar el valor perdido difícilmente puede considerarse generador de plusvalía.
Además, Cartagena no es un barrio aislado: es un puerto estratégico, un destino turístico global y un nodo logístico nacional. Resolver sus problemas ambientales es una responsabilidad del Estado central, no un asunto exclusivo de los vecinos de Bocagrande. Pretender que la financiación recaiga en contribuciones de valorización sin demostrar un beneficio real es desvirtuar el espíritu del instrumento.
La redistribución de riqueza existe y se ejerce a través a través de impuestos progresivos y contribuciones para pago de servicios públicos. Los cobros de valorización son legítimos, pero solo cuando hay evidencia clara de incremento patrimonial. De lo contrario, corresponde al Estado asumir el costo de proteger un activo estratégico de la nación.
La lección es clara: la valorización no debe usarse como un recurso temerario ni como un argumento simplista de “que los ricos paguen más”. Debe aplicarse con rigor técnico, transparencia y sensibilidad social. Solo así dejará de ser fuente de controversia y podrá cumplir su propósito original: financiar obras que realmente generen valor para la comunidad.
