La seguridad se ha convertido en un término de moda, repetido en reuniones y titulares con tono solemne, pero pocas veces analizado en toda su complejidad. En Cartagena, como en muchas ciudades del país, se habla de inseguridad con ligereza, reduciendo el concepto a la percepción inmediata: un robo en el barrio, un sicariato en las noticias o una noche tranquila en la plaza. Así, la conversación pública se limita a impresiones pasajeras y a la amplificación mediática del miedo.
Sin embargo, la seguridad es mucho más que la delincuencia. Naciones Unidas la define desde hace más de dos décadas como seguridad humana, un sistema integral que abarca múltiples dimensiones. La seguridad alimentaria, por ejemplo, se quiebra cuando falta el pan en la mesa y la desesperación empuja hacia el delito. La seguridad social y de salud se erosiona cuando los ciudadanos no encuentran atención médica o condiciones de salubridad. La seguridad económica se desvanece con el desempleo y la falta de ingresos, mientras que la seguridad política y comunitaria se vulnera cuando se restringen derechos de participación y organización.
Reducir la seguridad únicamente a la acción policial es un error que empobrece el debate. Combatir la delincuencia es urgente, pero no suficiente. Mientras persistan el hambre, la miseria, la falta de educación y las viviendas indignas, la inseguridad seguirá reproduciéndose. La seguridad personal es apenas una pieza de un rompecabezas mayor que exige políticas integrales y sostenidas.
Por eso, hablar de seguridad requiere rigor y responsabilidad. No es una frase de cajón para parecer ilustrado ni un recurso retórico para ganar aplausos. Es un tema serio que debe ser comprendido por quienes toman decisiones y por quienes informan a la ciudadanía. La tarea es doble: enfrentar el delito con eficacia y, al mismo tiempo, garantizar las condiciones de la seguridad humana.
En Cartagena y en Colombia, la seguridad no puede seguir siendo un eslogan vacío. Debe convertirse en un sistema de dignidad y derechos. Solo cuando se combinen justicia, empleo, salud, educación y vivienda con acciones firmes contra la delincuencia, podremos decir con fundamento que vivimos seguros. Esa es la verdadera agenda que debe guiar el debate público y las políticas de Estado.
