En toda ciudad existen sectores que se resisten al cambio. Son pequeños grupos que, aferrados a viejas costumbres, cuestionan las decisiones del gobierno y buscan privilegios que debilitan el interés común.
Sin embargo, la administración actual ha marcado un rumbo distinto: un gobierno que decide, que asume la autoridad cuando corresponde y que actúa siempre respaldado por la ley y la institucionalidad.
Durante años, la ciudad vivió momentos de desorden, donde cada quien hacía lo que quería sin control ni autoridad. Hoy esa realidad cambió. Existe un gobierno que hace cumplir la norma, que hace sentir la autoridad cuando es necesario y que toma decisiones planificadas, estudiadas y estructuradas para garantizar el progreso de la comunidad.
Las obras de infraestructura y medidas como el pico y placa de 24 horas son ejemplos claros de decisiones que, aunque generan incomodidades temporales, resultan indispensables para evitar el caos y asegurar que la ciudad funcione mejor. Pretender que cada barrio o cada grupo tenga reglas distintas es volver al pasado del desorden y la falta de control.
La ciudadanía debe entender que el respeto a la norma y a la autoridad es la base del progreso. El gobierno escucha, pero también tiene la responsabilidad de imponer medidas necesarias. Y esas medidas, aunque incómodas para algunos, son la garantía de que la ciudad avance hacia un futuro más ordenado y justo.
No se trata de caprichos ni de improvisaciones. Cada decisión responde a un análisis profundo de las necesidades colectivas y a la obligación de velar por el bienestar general. El sacrificio temporal que implican ciertas medidas es el precio que se paga por una ciudad más organizada, más segura y más habitable.
El reto está en que la ciudadanía asuma con madurez que el interés común debe prevalecer sobre los intereses particulares. Solo así se consolidará un modelo de gobierno que, armado de la norma y la institucionalidad, asegura que las decisiones se traduzcan en progreso real para todos.
