La historia de la señora Yusmaris, ciudadana venezolana que vivía junto a sus hijos en una esquina de semáforo, ha conmovido profundamente a Cartagena. Allí, en condiciones de extrema precariedad, ella alimentaba, cuidaba y educaba a sus pequeños, convirtiendo el espacio público en un improvisado hogar. La visibilidad de su situación, gracias a un video que se volvió viral, despertó la sensibilidad social y movilizó a las autoridades locales.
El encuentro entre la madre y el alcalde, acompañado de las entidades de vivienda y desarrollo social, marca un hito. No se trata únicamente de atender un caso puntual, sino de demostrar que existe voluntad política y vocación humanitaria para enfrentar la pobreza con acciones concretas. Aunque este gesto no resuelve de inmediato la crisis de todas las familias en situación crítica, sí envía un mensaje claro: el Estado está dispuesto a mirar de frente la realidad y actuar.
Este ejemplo debe trascender. La solidaridad no puede ser patrimonio exclusivo de la administración pública; también las fuerzas vivas de la ciudad —empresas, organizaciones sociales y ciudadanos— tienen la responsabilidad de aportar. La pobreza es un problema estructural, complejo y de larga data, pero cada acción que dignifica a una familia es un paso hacia la construcción de una sociedad más justa.
Cartagena tiene la oportunidad de convertirse en referente de sensibilidad social. Que este caso inspire a multiplicar soluciones de vivienda y programas de apoyo, y que se convierta en símbolo de una ciudad que no es indiferente al dolor ajeno. La solidaridad, cuando se convierte en política pública y en cultura ciudadana, es capaz de transformar realidades y sembrar esperanza.
