Prestar servicios públicos nunca ha sido tarea sencilla. Su baja rentabilidad y alta exigencia hacen que, en la mayoría de los casos, sea el Estado quien deba asumir la responsabilidad de garantizar que lleguen a todos los ciudadanos, incluso a los más vulnerables.
En Cartagena, esta realidad se refleja con claridad en el sistema de transporte público, donde la administración local ha decidido dar un paso firme y valiente: ampliar la flota de Transcaribe con buses de última tecnología.
La decisión de establecer la compra de más de 25 nuevos vehículos no es solo un asunto logístico. Es un acto de justicia social que conlleva a superar los 70 buses en total. Significa que más barrios y comunidades podrán contar con rutas eficientes, que los ciudadanos de estratos populares tendrán acceso a un servicio digno y que la ciudad entera se beneficiará de una movilidad más amplia y confiable.
Los nuevos buses no solo representan cantidad, sino calidad. Se trata de equipos ecoamigables, diseñados para reducir la huella de carbono y adaptados para personas con discapacidad. Es decir, Cartagena no solo amplía su cobertura, sino que lo hace con visión de futuro, apostando por un transporte inclusivo y sostenible.
El esfuerzo del Estado, de la Alcaldía y de Transcaribe debe ser correspondido por la ciudadanía. Cuidar los buses, respetar las normas y valorar el servicio es la mejor manera de honrar el sacrificio que implica destinar recursos públicos a un sector estratégico. La corresponsabilidad es la clave para que este avance no se diluya, sino que se convierta en un verdadero motor de progreso.
Cartagena demuestra, con esta decisión, que el transporte público no es un lujo, sino un derecho. Que el desarrollo urbano se mide también en la capacidad de garantizar movilidad digna y sostenible. Y que cuando el Estado asume su rol protagónico, la ciudad entera se engrandece.
Cartagena avanza, y lo hace sobre ruedas de equidad, innovación y compromiso colectivo.
