La consulta popular del Presidente Gustavo Petro vive uno de sus momentos más difíciles luego de que el Consejo de Estado suspendiera este miércoles el decreto que convocó esta votación para el 7 de agosto, poco después de que el Senado aprobara la Reforma Laboral que el Gobierno tiene como bandera para usar este mecanismo de participación.
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, tomó la decisión de suspender el decreto al responder una medida cautelar presentada por 12 senadores.
Los congresistas pidieron su nulidad al considerar que el decreto fue publicado «sin el concepto previo favorable del Senado de la República», como lo determina la ley que reglamenta los mecanismos de participación popular, algo con lo que coincidió la Sala Quinta del Consejo de Estado al admitir la demanda.
«La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de la consulta popular busca proteger el Estado de Derecho y evitar un daño irreparable», expresó en X el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien es uno de los máximos opositores del Gobierno y uno de los demandantes.
El jefe del Congreso agregó que la decisión del alto tribunal «resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático».
Por su parte, Petro señaló en X que el Consejo de Estado no puede determinar la inconstitucionalidad de su propuesta y agregó: «Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué a la Corte Constitucional».
Petro cumplió la semana pasada la promesa que venía anunciando desde hacía tiempo y firmó el decreto que convocaba una consulta popular sobre su reforma laboral, una medida que desató una oleada de críticas y demandas ante el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y otras instancias, por parte de opositores y juristas que la consideran inconstitucional al ser competencia del Congreso.
La decisión del mandatario se dio después de que el Senado diera concepto negativo al mecanismo. El Gobierno alegó que existieron vicios en la votación, interpretó que el legislativo no se pronunció y por ende expidió el ‘decretazo’.
Además, Petro ha reiterado que la consulta popular ha sido un seguro de vida para sus reformas, por lo que esta suspensión le quitaría un mecanismo de presión sobre el legislativo.
Reforma aprobada
En la víspera, el Senado aprobó en último debate la Reforma Laboral del Gobierno, que fue revivida después de un primer rechazo. La conciliación está cerca de darse, después de que la Cámara de Representantes acogiera el texto que salió de la Plenaria del Senado.
Una vez esté listo el texto definitivo, el presidente deberá firmarlo para convertirlo en ley. Cuando firmó el decreto sobre la consulta popular, Petro aseguró que si le aprobaban su Reforma Laboral daría marcha atrás con su polémica medida.
La reforma aprobada incluye el aumento de dos horas diarias de recargo nocturno, que actualmente empieza a las 9:00 de la noche y fue fijado a las 7:00 de la noche, aunque el Gobierno quería que fuera a las 6:00 de la noche.
También prevé que el contrato de aprendizaje de los estudiantes del Sena tenga carácter laboral, garantiza los derechos sindicales y regula el trabajo en plataformas digitales, entre otros.
La laboral es una de las múltiples reformas que ha presentado Petro en el Congreso, de las cuales solo han conseguido superar el trámite legislativo la tributaria y la pensional, mientras que las de salud o educación han sido rechazadas.
El senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, consideró que la suspensión del decreto era la «crónica de una muerte anunciada» porque «se sabía que esto lo iban a decidir los jueces».
Preocupación por el impacto de la reforma
Ante la aprobación de la Reforma Laboral, algunos sectores empresariales manifestaron su preocupación por el impacto que pueda tener sobre la economía del país.
«La Reforma Laboral tuvo avances, pero aún quedan retos clave para evitar que Colombia quede atrapada en un modelo que promete mucho, pero difícilmente podrá cumplirse», expresó en un video la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.
Agregó que los riesgos que enfrenta el país son «desincentivo al empleo formal, menor competitividad y flexibilidad, desconexión con nuevas formas de trabajo, distorsión del contrato de aprendizaje y puede haber el cierre de pequeñas y medianas empresas».
«El llamado a quienes liderarán la conciliación es a construir una reforma con equilibrio, que no se desconecte de la realidad empresarial. Porque de lo contrario, el impacto será claro: menos empresas, menos empleo, menos inversión y menos futuro para el país», dijo Lacouture.
EFE
