Si hay un verbo que conocen y saben conjugar muy bien los abogados y asesores jurídicos del alcalde William Dau es DILATAR.

Ese es el propósito del reciente recurso que presentaron ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para evitar su suspensión. Y ante este panorama se conoció que el documento presentado por la administración distrital de Cartagena corrió de la Secretaría Jurídica de Presidencia al Ministerio del Interior.

Hace una semana se conoció en los medios que el gobierno nacional acataría la solicitud del ente de control pues no había otra alternativa posible sobre la suspensión del alcalde William Dau; esto a fin de que la Contraloría Distrital pudiera adelantar la investigación sobre el presunto detrimento patrimonial en compras de pruebas rápidas durante la pandemia.

El ente de control determinó que presuntamente en el contrato se habría generado un supuesto detrimento patrimonial que supera los mil millones de pesos asociados a la aplicación, control, vigilancia y valores de compra de dichas pruebas. Es así como la Contraloría solicitó la suspensión del alcalde Dau para evitar que el mandatario cartagenero afecte, obstruya y/o entorpezca la investigación, o eventualmente comprometa o ponga en riesgo el patrimonio del Distrito.

A juicio de los entendidos consultados por este portal una resolución de un ente de control es de obligatorio cumplimiento y se enmarca en la Constitución Política colombiana. En este caso, ningún servidor público puede estar por encima de la Carta Magna.

¿PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA?

El mandatario distrital pidió al presidente de la República no acatar la solicitud de suspensión aplicando la excepción de inconstitucionalidad a la Resolución 164 de 2022 de la Contraloría Distrital de Cartagena por presunta violación del artículo 127. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 2 de 2004, al ser una expresión de participación en política por parte del jefe del ente de control distrital, Rafael Castillo Fortich.

“Esta resolución emitida por la Contraloría Distrital, es una abierta y descarada expresión de participación en política que no puede ser consumada por el Presidente de la República. Este acto arbitrario fue expedido en vísperas de las elecciones presidenciales para influir en sus resultados, y como se explicó, es el modus operandi resultante de la interinidad que mantiene intencionalmente el Concejo de la ciudad en el cargo de Contralor distrital, participación que no debería acolitar el Presidente de Colombia”, recalcó Dau.

El mandatario también argumentó que dicha resolución de la Contraloría viola el artículo 29 de la Constitución Política y la convención Interamericana de Derechos Humanos que en su artículo 23 hace referencia al debido proceso y al derecho ciudadano de elegir y ser elegido.

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