El día que lo capturaron, Heriberto Perdomo, un constructor venezolano multimillonario de 33 años, dormía en su mansión del archipiélago de Los Roques, con 36 millones de dólares en efectivo, apilados a un lado de su cama.
Era la noche del 20 de marzo pasado y más temprano, un avión de la policía venezolana había aterrizado en aquellas islas, cargado de agentes con la misión de aprehenderlo y ponerlo a órdenes de la Fiscalía venezolana, pues Perdomo era el hilo por donde comenzaría a desmadejarse la trama de corrupción y desfalcos más escandalosa de todo el periodo de la “Revolución Bolivariana” en Venezuela.
Momento en el que la Policía Nacional contra la Corrupción detiene en el archipiélago de Los Roques a Heriberto Perdomo, ex funcionario de PDVSA
Con su corta edad, Heriberto Perdomo ya figura como dueño hoy de 7 torres de apartamentos y oficinas lujosas en el sector de “Las Mercedes” al este de Caracas, y es el dueño del concesionario de autos de alta gama de la marca Ferrari para Venezuela.
A Perdomo se le señala de haber sido el canal por dónde circularon, en los últimos 3 años, unos 21 mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo de forma alternativa, que la gerencia de PDVSA, en cabeza de Tarek El Aissami, hiciera a decenas de nuevas y pequeñas compañías petroleras que fueron, algunas creadas, y otras convocadas para evadir las sanciones comerciales y los bloqueos financieros impuestos por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos.
La captura de Heriberto Perdomo habría sido material de rutina periodística venezolana si no se hubiera conocido la cercanía de este constructor con el presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, una de las figuras preponderantes en la etapa post Chávez de la Revolución Bolivariana y a quien el presidente Nicolás Maduro convocó para encabezar su estrategia más importante y ambiciosa para levantar la producción petrolera venezolana y recuperar su importancia financiera: la “Comisión Presidencial Alí Rodríguez Ataque”.
El Aissami funge también como vicepresidente del área económica de Venezuela, y durante los periodos más duros del bloqueo comercial encabezó la gestión y el ingreso a puertos venezolanos de 3 tanqueros iraníes con 3 millones de litros de gasolina cada uno, que cruzaron medio mundo hasta el Caribe y paliaron la difícil situación de movilidad interna que vivía el país, debido a que todas las refinerías venezolanas fueron construidas con la hoy negada técnica y tecnología estadounidense.
El Aissami también recorrió varias veces el mundo a bordo de un jet 747 disfrazado de avión de pasajeros pero atiborrado de vacunas Anti COVID y medicamentos para el tratamiento de la pandemia, que llegaron a Venezuela luego de hacer rutas de vuelo inimaginables, evadiendo los controles aéreos y las órdenes de captura en su contra emitidas por los Estados Unidos.
Maduro y Tarek El Aissami. El presidente aceptó la renuncia de El Aissami por el escándalo de corrupción en PDVSA, pero ¿hasta dónde les cabe responsabilidad a ambos por la pérdida de semejante cantidad de recursos públicos?
Tarek El Aissami era para la militancia chavista más radical una figura heroica que comienza a desdibujarse de la escena política con la captura de este tan inusitado como exitoso constructor que terminó siendo uno de sus contratistas predilectos en PDVSA, y destinatario, según la Fiscalía de Venezuela, de miles de millones de dólares en contratos cuya validez y cumplimiento apenas comienzan a revisarse a la luz de la juridicidad.
La constructora “HP” a cargo hoy de Rafael, Maryuri y Roger Perdomo, hermanos mayores de Heriberto Perdomo, viene investigada desde octubre del año pasado, ha dicho públicamente el presidente Nicolás Maduro, quién además calificó a sus dueños de “traidores”.
Según Rafael Perdomo, hermano mayor de Heriberto, nunca han tenido relación contractual con PDVSA pero documentación hecha pública en las redes deja ver qué él figura como representante de una segunda empresa constructora llamada “2 PTO” que contrató con la petrolera venezolana la “reparación y acondicionamiento” de dos de sus muelles más importantes en Venezuela: el Terminal Marítimo de Guaragao, y el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo General de División José Antonio Anzoátegui, ambas obras inconclusas pero debidamente canceladas en su totalidad.
Se pudrió la sal
Unas horas antes de la detención de Heriberto Perdomo en el paraíso insular de Los Roques, la policía venezolana capturaba a Hugbel Rafael Roa Carucci en Caracas, un político de carrera que en sus 47 años de edad había pasado ya por la cabeza del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y quien al momento de su captura era parlamentario, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Asamblea Nacional.
Al igual que Perdomo, Roa Carucci es un viejo amigo de Tarek El Aissami a quien conoce desde sus épocas de estudiante de derecho en la Universidad de Los Andes, donde fueron activos líderes universitarios, fundadores del movimiento juvenil “Utopía 78”.
Hugbel Roa, como se le conoce, fue designado en enero de este año para integrar, en un tercer período consecutivo, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.
Es desde éste espacio, auspiciado por el poder político de Tarek El Aissami, que Roa Carucci tiene acceso a las relaciones que lo hacen objeto de acusaciones por recibir sobornos y malversar fondos de la empresa petrolera Pretrocedeño, un figura estatal mixta en la que participa capital francés y noruego.
Y estás acusaciones contra un político del PSUV no tendrían la trascendencia que hoy tienen, si no estuvieran transversalizadas por una trama de banalidad y despilfarro de alto nivel que incluye a una red de prostitución al servicio de altos jerarcas de la industria petrolera, políticos, banqueros, militares y empresarios, que funcionaron como operadores de esta dinámica de corrupción, para redirigir los fondos frescos de PDVSA, las nuevas facturaciones salidas de los momentos más álgidos de la economía y la política venezolana, hacia la reinversión en construcciónes suntuosas en Dubái, la compra de mercadería representada en joyas, relojes, bisutería de marca, ropa y viajes, operada por jovencitas destacadas en las redes sociales como “influencers” con millones de seguidores, pero con poca o ninguna actividad profesional destacada.
Hugbel Roa Carucci está señalado de ser el principal mentor de esta jóvenes, pues además está casado con una de ellas: Olvany Marian Gaspari Bracho, una joven de 30 años de edad definida en las redes sociales como modelo, famosa por la publicación de su vida excéntrica y costosa en diferentes capitales del mundo.
La fiscalía venezolana emitió orden para capturarla un día después de la detención de su compañero Hugbel Roa, y ella misma se presentó ante las autoridades judiciales un dia después, no sin antes publicar un emotivo video donde se despide de sus 2 millones de seguidores en la red social Tik Tok y les pide fuerza y apoyo a sus padres.
Estas jóvenes, a quienes el mismo fiscal venezolano Tarek William Saab llamó “las muñecas del petróleo”, están directamente implicadas en los actos de corrupción que consistieron en desviar fondos de la estatal petrolera hacia la compra de inmuebles, yates, aviones y joyas en el exterior, en busca de reintegrar el capital desviado hacia paraísos fiscales.
Además de Olvany Gaspari, compañera sentimental de Hugbel Roa, el Ministro Público venezolano imputó a Railín Elizabeth Yepes, modelo y cantante de música popular venezolana, conocida en las redes sociales como “Ely Jey”, quién se encuentra actualmente en los Estados Unidos, donde ha interpuesto una solicitud de asilo en virtud de lo que considera una “persecusión política”.
También son buscadas Ximena Cagide Parada, quien figura como gerente de operaciones del Fondo de Inversiones “Perla Bella” y Yuravi Ravelo, modelo y animadora de televisión. Ambas se encuentran prófugas de la justicia.
Un desfalco incalculable
Al día de hoy, las autoridades venezolanas no terminan de calcular a cuánto asciende el desfalco que en los últimos 3 años se le ha hecho a PDVSA.
La fiscalía venezolana deja ver que al menos en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, administradora de la criptomoneda venezolana “Petro”, hay un faltante de 3 mil millones de dólares ingresados a la Superintendencia y nunca reportados a la petrolera.
Y el faltante causado por la desviación de pagos de las más de 100 nuevas empresas comercializadoras de crudo que transaron con PDVSA incumpliendo las normas de contratación oficial, con petróleo asignado ilegalmente y sin ningún tipo de control de garantías, oscila entre los 21 mil y los 45 mil millones de dólares: el equivalente al producto interno bruto anual de economías como la chilena o la colombiana.
La oposición venezolana le enrostra hoy públicamente al gobierno que la indexación salarial que el mismo Maduro planteó hace 3 años se presenta como una necesidad urgente para recuperar la capacidad adquisitiva del trabajador venezolano, habría costado unos 8 mil millones de dólares por año, y las cifras del más reciente desfalco a PDVSA dan cuenta que sí había dinero para asumirlo como una política pública.
La inversión de al menos 15 mil millones de dólares en la indexación salarial habría llevado a subir en dos años el salario mínimo mensual venezolano de 5 dólares hoy, a 200 dólares mensuales, que sería un promedio bajo regional.
Lo que ha pasado en PDVSA en el primer trimestre de 2023 es un duro golpe al funcionamiento de todo el país y ralentiza las aspiraciones administrativas de avance y normalidad.
La corrupción en PDVSA es solo una de las muchas formas que muestra hoy la problemática realidad administrativa y política venezolana, a la que se integran: el manejo desconocido del oro, los diamantes, el coltán y demás metales raros de Guayana, y el desplome del Petro, una criptomoneda lanzada al mercado con furor y que hoy está siendo desmontada por el ejecutivo.
Estos serán los temas de nuestras entregas siguientes en esta serie de crónicas: Corrupción en Venezuela, “se pudrió la sal”.
