A la grave crisis de ingobernabilidad, los problemas que afronta Cartagena se le suma en este momento una nueva crisis del gabinete distrital. La moción de censura del Secretario de Participación Ciudadana, Armando Córdoba y los hallazgos por parte de la Contraloría Distrital a la directora del DADIS, Joahana Bueno.

La Corporación Edilicia, atendiendo la sentencia dictada por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, le dio trámite a la votación nominal para el proceso de Moción de Censura en contra del Secretario de Participación y Desarrollo Social, Armando Luís Córdoba Julio, dando como resultado 15 votos a favor, tres concejales se abstuvieron de votar y un concejal ausente por incapacidad médica. En consecuencia, una vez notificado de la decisión del cabildo, el alcalde William Dau Chamat deberá separar del cargo -una vez más – al funcionario.

Entre tanto, a la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, Johana Bueno, la Contraloría Distrital halló evidencia suficiente que la puede dejar por fuera del cargo. En esta oportunidad, al actuar como interventora de un convenio interadministrativo firmado con la Universidad de Cartagena para desarrollar un programa de promoción y prevención de la reproducción sexual en adolescentes de 50 colegios públicos.

La funcionaria permitió que se adelantara con estudiantes universitarios del contratista. El convenio costó más de 6 mil millones de pesos y en su ejecución la Contraloría detectó tres hallazgos administrativos, dos incidencias fiscales y dos disciplinarias.

UNA CRISIS DE NUNCA ACABAR

La tensa situación actual viene de tiempo atrás. Recordemos que desde un comienzo la administración distrital afrontó problemas con la exzarina anticorrupción, Lidy Ramírez por cuenta de una información presuntamente falsa que presentó para asumir un cargo. Luego y gracias a las acciones enfáticas de veedores en la ciudad se puso de presente la falsedad de la preparación académica de quien fuera la primera dama y empleada de confianza del alcalde William Dau, Cinthya Pérez Amador.

Recordemos igualmente que la exsecretaria general, Diana Martínez renunció a su cargo casi tres meses después de estar suspendida. Martínez había sido separada del cargo desde 13 de octubre de 2020, en cumplimiento de la exigencia realizada por la Contraloría Distrital en el marco del proceso de responsabilidad fiscal por la contratación de la ex Primera Dama, Cynthia Amador, al argumentar que ella fue quien suscribió los estudios previos que soportaron el contrato y podía desde su cargo afectar la investigación por el presunto detrimento patrimonial.

Finalmente, al Secretario de Planeación Guillermo Ávila Barragán también le impusieron una Moción de censura. En esa oportunidad 18 concejales de Cartagena pusieron de presente varias consideraciones, en virtud del estudio y justificación de votación del trámite de moción de censura realizada al Secretario de Planeación Distrital, Guillermo Ávila Barragán.

Los concejales también señalaron que en las mesas de socialización del POT no se cuenta con un diagnóstico territorial, que permita la participación y diálogo deliberativo.

Además que no se llevó a cabo la liquidación del convenio de POT Moderno entre el Distrito y Fonade, sino que se recibieron unos “productos” bajo la figura de “cumplimiento tardío” para ser utilizados como insumos de la formulación del POT, pese a que el objetivo del convenio era entregar un POT.

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