Solo dos meses después de establecer el contrato de difusión de los mensajes de la Secretaría de Hacienda para periodistas independientes, Angie Hincapie Alzate, presentó un acta anticipada con la que manifestaba no poder cumplir con la ejecución del mismo. Con el polémico contrato por un valor de 80 millones de pesos se pretendía dar a conocer a la ciudadanía los plazos y condiciones para el cumplimiento de las obligaciones de los impuestos distritales a través de los periodistas que manejaban programas a través de la banda AM.
ESO VA NOTICIAS, tuvo acceso al contrato que se estableció el 17 de julio, fecha en la que se da la aprobación por parte del Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, luego de serios cuestionamientos por parte de los comunicadores de la ciudad en los que se dejaba entrever que la comunicadora a quien se le pensaba asignar dicho contrato no contaba con la suficiente experticia para darle manejo y su empresa poco o nada era conocida en el medio. Y para lograr establecer un acuerdo se establecieron algunos documentos que fueron puestos en duda, en su momento.
Trascendió entonces que tras estos señalamientos se dieron reuniones en el despacho del alcalde mayor de Cartagena con el secretario de Hacienda y el jefe de prensa de dicha entidad, Carlos Rivera, en donde, al parecer, los comunicadores locales volvieron a ser tildados como periodistas de estómago. En conclusión, el contrato quedó suscrito pero no se le daba ejecución al mismo toda vez que nunca se concretó con la comunicadora la manera como se daría la difusión de los mensajes.
Solo dos meses después, el 15 de septiembre del mismo año, Angie Hincapié Alzate, decidió suscribir un acta de mutuo acuerdo con el secretario de Hacienda, Dewin Pérez, en la que manifiesta no se ejecutará dicho contrato. Consultados abogados expertos, manifestaron que dicho contrato debió haberse liquidado de inmediato sino se pensaba ejecutar y no entienden la razón por la que la Secretaría de Hacienda demoró tanto para suscribir esta acta.
Señalan que una situación como esta puede acarrear una investigación de los entes de control teniendo claro que la ejecución del mismo era por dos meses y justo a los dos meses es que la contratista decide no ejecutarlo. “Es preocupante que esto esté pasando en una dependencia del distrito y sería interesante que se haga un control por parte de las respectivas entidades. No debió dejarse correr tanto tiempo para que esto se diera. La responsabilidad recae en gran medida en quien contrata”, concluye Edwin González.