Laura Mendoza, ex directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, aclaró que los hechos expuestos por Fernando Abello, actual director, sobre presuntos malos manejos en esa dependencia no tienen fundamento.
“Los contratos expuestos, no fueron ganados por los contratistas relacionados, toda vez que los mismos fueron celebrados en marco de régimen especial de calamidad pública, es decir contrato entre particulares, atendiendo la capacidad jurídica y experiencia de los contratistas”, dijo la ex funcionaria.
Recalcó que: “Los contratos fueron celebrados en diferentes períodos de tiempo, en desarrollo de la calamidad pública por sequía, cuyos objetos corresponden a diferentes actividades en marco de los procesos de la gestión del riesgo. En una primera etapa el día 18 de marzo de 2019 se celebraron 4 contratos en régimen de calamidad para la atención con ayuda humanitaria, fueron separados por su ítem o contenido es decir: Kits Alimentación, Kits de Aseo, láminas de eternit y fibro cemento, y colchonetas, todos ellos con una misma finalidad de ayuda humanitaria”.
Así mismo, indicó que los elementos contratados fueron recibidos y registrados en almacén, situación que reposa en los expedientes contractuales. “Así mismo, las actas de entrega a beneficiarios fue suministrada a la administración entrante en el proceso de empalme”.
“Los procesos de capacitación y logística en marco de la calamidad por sequía celebrados el 22 de marzo de 2019, tienen enfoque diferencial entre la población objeto de capacitaciones y en los diversos factores y vulnerabilidad de los procesos de gestión del riesgo. La temporada seca 2018 – 2019 se prolongó durante la vigencia del año 2019, situación por lo cual el día 26 de junio de 2019 se reforzaron las actividades comunitarias de prevención y respuesta mediante tres contratos cuyos valores corresponden a la cobertura en población que se impactó de manera positiva, creando conciencia dentro de las diferentes comunidades en prevención de incendios, responsabilidad comunitaria, planes comunitarios de emergencia, primeros auxilios básicos, contra incendios básicos entre otros”.
Agregó que los contratos fueron ejecutados en su totalidad, y se contó con acompañamiento de personal de la misma oficina. Además, en el proceso de empalme fueron entregados los soportes de ejecución, en donde reposan actas, planillas, registro fotográfico, informe técnico entre otros. “Es claro manifestar que en el tramite de pago, es imposible que un contrato sea cancelado sin la firma del supervisor, si existe algún documento sin firma, pudo ocurrir un error administrativo en la copia que reposa en el expediente, pero las cuentas que se tramitan en secretaría de Hacienda, que contienen los paquetes originales de cuenta, deben ir totalmente diligenciados”, dijo.
“Los contratos fueron publicados en el portal único de contratación SECOP 1, cumpliendo con los lineamientos de publicidad. En lo relacionado con los presuntos procesos irregulares en temas de arriendos, por posibles falsedades, fue en nuestra administración que se iniciaron los procesos de depuración e investigaciones de los procesos, dentro de las cuales se suspendieron de manera inicial más de 50 subsidios de arriendo de manera preventiva y se iniciaron los procesos de verificación”, añadió.
Por último, Laura Mendoza dijo: “Rechazamos de manera categórica la criminalización de la gestión administrativa, por contratar con entidades que tienen la capacidad y experiencia en procesos y que no tienen ninguna tacha legal al momento de la celebración de los contratos”.