A más de 407 mil millones de pesos asciende la deuda con los hospitales públicos por atención de urgencia a ciudadanos venezolanos en los últimos tres años. Así lo confirmo el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en el marco de la cumbre de gobernadores que se cumple en Cúcuta, norte de Santander.
Esta deuda crece como bola de nieve y no tiene freno. Según el contralor, esas y otras presiones sobre el gasto público hacen que los recursos reservados para la atención a los migrantes se tornen especialmente sensibles y estén expuestos a circunstancias imprevistas y a manejos que podrían desafiar el régimen legal vigente.
Córdoba recomendó a los Gobernadores que presten todo el apoyo fiscal para poder atender a los migrantes venezolanos. “La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales, exige un compromiso de ustedes en materia fiscal”, le dijo el Contralor a los mandatarios departamentales.
Consideró el Contralor que la política migratoria demanda una eficiente gestión del gasto y un control eficaz. Citó además siguientes cifras que se tienen en este tema: De acuerdo con los cálculos más recientes del Fondo Monetario Internacional, la atención a la población migrante y refugiada venezolana en Colombia tendrá de aquí a 2023 un impacto fiscal que se ubicará en el 0,6 por ciento del PIB.
Y, según el Banco de la República, los costos relacionados solamente con la atención en salud para esa población se aproximarán a los 620.000 millones de pesos, es decir, un 0,06 por ciento del PIB.
