Sin respuestas concretas y con 150 acciones legales adelantadas las más de 200 familias propietarias de apartamentos comprados en las denominadas construcciones ilegales o de los Quiroz aguardan por parte de la administración que se acuerden de ellos y que dejen de revictimizarlos.

Javier Doria, abogado representante de la gran mayoría de las familias, señaló que la administración se ha echo la de la vista gorda ante los fallos judiciales que favorecen a las familias y luego de seis meses no han recibido los subsidios a que tienen derecho. Con relación a los estudios técnicos adelantados por la Universidad Nacional que señalan que dichas construcciones deben ser demolidas, el Distrito se ha desentendido totalmente.

El jurista manifestó que lo único que se está haciendo por parte de la administración son visitas relámpagos a las edificaciones a ver si encuentran alguna familia allí y esto lo utilizan como excusa para acabar con el pago de los subsidios.

“Infortunadamente uno encuentra que las construcciones ilegales toman más fuerza en la ciudad y sigue pasando lo mismo como sino se aprendiera. Tenemos a más de 200 familias en una gravísima situación, viviendo prácticamente de la voluntad del Distrito y la especie de limosna que les dan cada vez que se acuerdan”, manifestó Doria.

El trabajo que se viene adelantando por parte de los abogados, asegura Doria, no está encaminado a buscar el subsidio de arriendo sino una verdadera indemnización y seguimos trabajando para desvirtuar el argumento expuesto por parte de la administración al señalar que estas familias son corresponsables de haber comprado estos apartamentos.

“Las acciones indemnizatorias están en camino y las acciones judiciales van bastante adelantadas y en algunos casos se han desarrollado audiencias y demás. Entendemos que el sistema judicial es bastante lento con relación a estos temas y esto de la pandemia ha terminado por ralentizar el trabajo aún más”, puntualizó.

Los abogados, señala Doria, no se han detenido y sus labores continúan en este momento. Las indemnizaciones serán millonarias para un Distrito que ha querido darle la espalda a este problema y se busca que no prescriban y se mantengan vigentes en el tiempo.

“Se vienen adelantando las gestiones pertinentes ante la Fiscalía y la Procuraduría para que desde estas entidades se tomen acciones concretas frente a los delitos y conductas disciplinarias que presuntamente se han cometido”, sostuvo Doria.

Finalmente, el jurista precisó que en los próximos días se estará conociendo una noticia muy importante con la que se espera se meta en cintura al Distrito a fin de que tenga el comportamiento lógico que debe tener en este momento. “Se ha solicitado a la Procuraduría que se revise el comportamiento omisivo que ha tenido la administración frente a este tema con relación al fallo judicial y esperamos que en los próximos días se conocerán respuestas en menos de una semana”, concluyó Doria.

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