¡Increíble!, parece algo inverosímil. El alcalde William Dau Chamat, interpuso una acción de tutela con la que pretende se le reconozca la vulneración de sus derechos fundamentales y el debido proceso, así como el acceso a la administración de justicia. Pretende el apoderado del mandatario, Anthony Sampayo Molina, se deje sin efectos las decisiones y actuaciones adelantadas por parte del Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena en contra del mandatario conforme se ha expuesto en esta acción constitucional.
La acción fue interpuesta en contra del Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cartagena y todas las medidas que se han tomado en favor de las familias víctimas de las construcciones ilegales edificadas en la ciudad por el clan de los Quiroz. De esta manera, se pretende dejar sin piso jurídico a quienes se han visto afectados por esta situación y se amparen los derechos del mandatario.
Para el abogado de las víctimas, Javier Doria, esta acción de tutela evidencia la falta de intención por parte de la administración distrital de darle cumplimiento a las obligaciones judiciales que tiene con todas las víctimas de las construcciones ilegales en Cartagena. “Se trata de una acción que parece hecha por personas que desconocen todo lo que ha pasado en la ciudad con estas familias y obviamente los revictimiza y los maltrata”, señala Doria.
El representante de las víctimas da cuenta de que incluso se pone en tela de juicio si se trata o no de construcción ilegal y se refiere a construcción aparentemente ilegal cuando fue el Distrito el que pagó los estudios con los que se evidenció la situación de que estos edificios estaban mal construidos. “Claramente es una afrenta contra los derechos de estas familias que han padecido el horror de la construcción ilegal y la desidia y la irresponsabilidad del distrito. En nombre de las víctimas vamos a dar la batalla y vamos a restablecer los derechos de estas personas”, concluyó.
Las víctimas han coincidido en señalar que aguardan que la Procuraduría General de la Nación los siga respaldando frente a situaciones como estas y que se logre dar una respuesta a estos problemas que los están agobiando. “No entendemos qué es lo que pasa con el mandatario de los cartageneros quien ahora le quiere sacar el cuerpo a esta responsabilidad y pretende pasar por alto nuestros problemas y lo dejen tranquilo. Esto no puede ser porque necesitamos que el Distrito nos responda. Ahora entiendo porque no nos han dado la cara”, manifestó una de las víctimas.
Según el accionante, la Juez Tercera Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, habría incurrido clara y evidentemente en un error procedimental absoluto, toda vez que actuó completamente al margen del procedimiento establecido, para imponer la sanción al Alcalde Mayor del Distrito, pretendiendo hacer cumplir una decisión judicial contenida en un Auto, basándose en el artículo 143 Num.4 del C.P.P., norma que en realidad consigna los Poderes Correccionales instituidos en cabeza de los jueces, para que estos, salvaguarden el normal desarrollo o desenvolvimiento de las audiencias (o en general el curso del proceso), más NO instituida, como procedió a aplicarla el despacho, como una medida para hacer cumplir una decisión judicial de naturaleza sustancial, que implica además , la limitación de derechos fundamentales.