Preocupadas y expectantes, se han mostrado las comunidades beneficiadas por la Sentencia de la Corte Constitucional T- 080, luego de que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, señalara en su espacio Domingos de Denuncias, que los recursos de dicho fallo debían reposar en las arcas del Distrito. Son más de 19 mil millones de pesos que la corte ha dispuesto que sea el pago por indemnización a estas comunidades afectadas, tras un vertimiento de un químico a la bahía por parte de la empresa Dow Química, en el año 1989.
Dichos recursos, se ha dispuesto que sean manejados por una Fiducia, determinado por el comité técnico, en el que tiene asiento, un representante del Ministerio del Medio Ambiente, Cardique, el Distrito y las comunidades afectadas. Los recursos están encaminados a financiar proyectos medioambientales productivos para las comunidades con la supervisión y el respaldo de Cardique y la administración distrital.
Wilman Herrera Imitola, representante legal del Consejo Comunitario de Caño del Oro, manifestó que el alcalde de Cartagena, debe ir mejorando el discurso porque, efectivamente, gracias a la acción de la Procuraduría no lograron poner manos a estos dineros que son de la comunidad. Y es de resaltar, que contrario a lo que dice el alcalde, estos recursos no le pertenecen al distrito, esto es lo que toca aclarar en beneficio de quienes, en su momento, se vieron beneficiados por la sentencia.
“Lo que ha dicho el alcalde de que los recursos son del Distrito preocupa porque de esta manera no hay interés por parte del mandatario de sentarse como lo ordena la sentencia con las comunidades y con Cardique para materializar el cumplimiento de esta sentencia”, asegura Herrera Imitola. Wilman Herrera considera que el mandatario se ampara en la sentencia del Juzgado IV Civil del Circuito de Cartagena del 29 de Julio de 2012 donde declaró responsable al daño ecológico de la bahía de Cartagena a la empresa Dow.
Allí específica que el distrito debe darle manejo a estos recursos; sin embargo, el alcalde debe tener en cuenta que, en su momento, la sentencia que fue ratificada mediante una revisión de tutela por la Corte Constitucional mediante, también vinculó a Cardique como ente ambiental responsable del cumplimiento de la misma.
Esto último trae consigo un papel determinante para el cuidado del medio ambiente y el direccionamiento de dicha sentencia. Es por esto que allí consideramos que el alcalde o está malinterpretando la sentencia o tiene una mala asesoría.
“Cardique ya comenzó el proceso de convocatoria y expiró ayer 15 de septiembre con la comunidad afectada. Esta entidad tiene unas competencias claras y la corte determinó la reparación ecológica del daño ambiental. La interpretación está muy distante de la realidad teniendo en cuenta que la competencia es indelegable para esta entidad”, precisó.
A esto que ha dicho el alcalde hay que prestarle mucha atención, dice Wilman Herrera, porque el día de mañana se puede prestar para pensar que los recursos le pertenecen al distrito y pueda incurrir en errores. “Los asesores deben informar al alcalde sobre la realidad de la sentencia toda vez que es la primera sentencia que trae consigo la participación de las comunidades afectadas”, enfatiza.
Finalmente Herrera Imitola preciso que hay temor luego de que el alcalde manifestara y reconociera que en su administración existen actos y hechos de corrupción y esto pueda prestarse para la mala interpretación de la norma y hacer creer que los recursos le pertenecen a la administración y le pueden dar lo que quiera a las comunidad.
“Esto no es así y debemos tener claro que aquí en cualquier momento se puede sublevar una comunidad que ha venido trabajando desde tiempo atrás en procura de sus derechos y sus proyectos y un alcalde no puede abrogarse el manejo de unos recursos que le pertenecen a las comunidades afectadas por Dow y beneficiadas por el fallo”, concluyó.